La transparencia en Puebla vive uno de sus peores momentos en el actual sexenio. Los diputados locales cómplices de la opacidad morenovallista no les corre prisa para armonizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla con la Ley General federal en la materia.
Ayer, representantes de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), México Infórmate, Puebla Vigila, Integradora de Participación Ciudadana y el Nodo de Transparencia, por medio de un oficio solicitaron que los diputados locales aceleren las modificaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Los diputados locales tienen hasta mayo del 2016 para armonizar las leyes. Sin embargo, el próximo 15 de diciembre culminará el tercer periodo ordinario de sesiones en el legislativo, por lo que la discusión de la ley se realizará en pleno proceso electoral en este 2016
Los organismos especializados de transparencia temen los legisladores aprueben en fast track y no haya la suficiente discusión y se siga protegiendo la opacidad del gobierno.
Al tortuguismo legislativo se le suma que la CAIP sigue incompleta. Según el presidente del organismo Javier Fregoso Sánchez ya documentó al Congreso del Estado de la falta de uno de sus comisionados, pero los diputados no dan señales de vida.
Y lo peor, la Comisión de Transparencia del Congreso local se encuentra acéfala. El pasado 11 de noviembre, el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta solicitó licencia, el militante del partido Pacto Social de Integración era el presidente de dicha comisión.
Todo parece indicar que la transparencia y acceso a la información en Puebla no es un asunto prioritario para el gobierno y mucho menos para los diputados locales, quienes obedecen a los caprichos y designios del poder ejecutivo local.
Contrario a la tendencia nacional, donde se busca a toda costa transparentar las acciones gubernamentales. Incluso, ayer, el Senado aprobóen lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obligará que los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso empresas que reciban recursos públicos, transparenten su labor y manejo.
La transparencia y el acceso a la información pública navega entre el tortuguismo legislativo, una CAIP incompleta y una acéfala Comisión de Transparencia del Congreso local.
Ver para creer.