La imposición y sometimiento del poder ejecutivo al legislativo una vez más quedó de manifiesto ayer.
La aplanadora morenovallista sin despeinarse impuso al aún procurador Víctor Carrancá en la Fiscalía Especial. Y con ello, blindó al funcionario por los próximos siete años.
Víctor Carrancá es el único funcionario que sigue del gabinete original del gobernador Moreno Valle Rosas.
Durante los cinco años al frente de la Procuraduría fue el brazo ejecutor de las órdenes de aprehensión en contra de los luchadores sociales, cuyo delito es pensar diferente al morenovallismo.
La fabricación de delitos fue la constante en estos cinco años, al grado de que la mayoría de los encarcelados fueron absueltos por orden de la justicia federal.
El último caso fue el de Adán y Paul Xicale, donde la Procuraduría General de Justicia incurrió también en la falsificación de delitos.
El 20 de julio tras la muerte del menor José Luis Tehuatle Tamayo, el procurador Víctor Carrancá presumió la teoría del “cohetón”, asegurando que pruebas científicas señalaban que un proyectil disparado por los mismos habitantes de Chalchihuapan causó la muerte, para sostener su dicho se basó en proyectiles disparados contra cabezas de cerdo.
Esa verdad histórica del morenovallismo se estrelló con la realidad al comprobarse que el proyectil que mató al niño Tehuatle fue lanzado por los granaderos de la Policía Estatal.
Para los diputados morenovallistas esta razones no fueron suficientes como para impedir la imposición del aún Procurador.
Los diputados avalaron la creación de Fiscalía General del Estado y mantener al procurador Carrancá por siete años más y sin la posibilidad de una consulta. La imposición legislativa en su máxima expresión. A qué le temen los legisladores, ¿por qué cierran el paso a la discusión?
Tras el nombramiento de Víctor Carrancá Bourget como fiscal, el rector de la Ibero Fernando Fernández Font puso el dedo el reglón y criticó la designación.
Al haber un cambio radical de institución, dijo, donde se pasa de una Procuraduría a una Fiscalía, “lo menos que se tendría que hacer es evaluar el puesto del actual procurador”.
Factor que no sucedió.
En Puebla vamos a tener más de lo mismo, recalcó; “en todo cambio debe existir una consulta, discernir para colocar al mejor perfil en una cartera tan importante como lo será la Fiscalía”.
Los diputados tampoco hicieron este ejercicio, que transparentaría el nombramiento del fiscal. Sin embargo, prefirieron la obediencia ciega al ejecutivo a cumplir con su función de representantes de la sociedad.
