Los números no mienten. Por más que el gobierno morenovallista se empeñe en demostrar lo contrario, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 señala que durante ese año, 8 de cada 10 poblanos percibe como "frecuente" y "muy frecuente" los actos de corrupción en el estado.

El Inegi destaca que durante 2015, 83.7 de los adultos encuestados percibe como "frecuente" y "muy frecuente" los actos de corruptelas en la entidad; la cifra es ligeramente menor a la registrada hace tres años, cuando 9 de cada 10 poblanos consideraban la práctica como regla.

Durante 2015, la mayoría de la población —casi 8 de cada 10 adultos—, percibió que se da con mayor frecuencia en las instituciones públicas, “siendo los cuerpos policiacos y los partidos políticos considerados como los organismos más corruptos.

“En contraste, en los círculos de convivencia cercanos a las personas, como la familia o los vecinos, la corrupción se percibió como un problema que se manifiesta con menos frecuencia”.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 señala que durante 2015 hubo 12 mil 266 víctimas de corrupción en Puebla y una incidencia de 28 mil 296 personas, quienes experimentaron al menos un acto de este tipo cuando realizaron un trámite, pago, o solicitud de servicio ante algún servidor público.

Los encuestados señalan que el contacto con las autoridades de seguridad pública es el momento cuando más mochadas se presentan.

Después, las prebendas más comunes se registraron al realizar algún trámite ante el Ministerio Público, para abrir una empresa, ante juzgados o tribunales, vehiculares, municipales, pago de tenencia, créditos de vivienda, ante el Registro Civil, pasaporte, así como en los servicios de luz, agua y predial.

Y lo más grave: 93.3 % del total de víctimas de corrupción no denunció los hechos, porque representa pérdida de tiempo para interponer las quejas ante la Contraloría, el Ministerio Público o en el buzón de denuncias de la dependencia involucrada y la falta de confianza en las autoridades para aplicar sanciones.

“La víctima consideró que no se le dará seguimiento (33.3 %); 19.0 % opinó que es una pérdida de tiempo, mientras que 14.5 % de las víctimas no denunció porque considera que la corrupción es una práctica común. Además, se deben tomar en cuenta otros factores que pudieran explicar la no denuncia, como: las normas sociales, el contexto en que el delito sucede, la falta de claridad de los mecanismos para denunciar y la confianza de la víctima en las autoridades”.

En la agonía del gobierno morenovallista queda claro que el Señor de Los Cerros fue incapaz de combatir un mal que fue bandera de campaña, pero que en el ejercicio de poder que quedó en el olvido.