El sábado 7 se conmemoró el Día Mundial de la Salud. Leí en redes, muchos mensajes alusivos a esta fecha que recuerda que hace 70 años se funda la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuyo tema y lema para el 2018 es: “Cobertura Sanitaria Universal (CSU) para todas las personas, en cualquier lugar”. “La salud para todos.”

Estos mensajes y esta fecha, me permiten reflexionar en torno a la reciente conclusión del proceso legislativo en el Congreso de la Unión (22/03/2018), en el que fue aprobada una adición al artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que señala: “El personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley” ordenando al Ejecutivo su publicación; aun cuando la Secretaría de Salud del Gobierno Federal había presentado una opinión negativa a esta adición (18/02/2016) recordando que la libertad de conciencia está ya establecida en los artículos 5, 6 y 24 de la Constitución General de la República.

Esto provocó, la publicación en medios nacionales de pronunciamientos solicitando al Ejecutivo Federal –por las consideraciones ahí expuestas– no la publique y la devuelva para su revisión porque es discriminatoria, contradice el artículo 41 de la Constitución (CPEUM), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) y sus recomendaciones, así como otros estándares internacionales con el objeto de que sea eliminada esta adición (Milenio. 28/03/2018), petición todavía sin respuesta, hasta este momento.

Casi a la par, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades responsables de interrumpir legalmente el embarazo de la niña, producto de una violación sexual, estimando “(…) que tal acto se traduce en una violación grave de derechos humanos que coloca a la parte quejosa en un estado de vulnerabilidad suficiente para reconocerles el carácter de víctimas directas e indirectas” (04/04/2018).

¿Qué va a pasar entonces cuando se presenten en cualquier municipio del país, casos como éste y al recibir la solicitud de interrupción de un embarazo producto de una violación sexual, las instituciones de salud se negaran a brindar la atención médica correspondiente para practicar la interrupción de un embarazo, excusándose de prestar servicio médico por objeción de conciencia? Dónde queda entonces lo señalado por la SCJN que “las autoridades de salud correspondientes no pueden implementar mecanismos –ni políticas internas– que impidan se materialicen los derechos de aquellas mujeres que han sido víctimas de una violación sexual y cuyo deseo es interrumpir el embarazo producto de dicho acto delictivo”.

Sin duda, oponer la propia conciencia al cumplimiento de una ley, es una regresión en materia de la garantía de derechos humanos que el Estado Mexicano debe otorgar, más aún cuando en el Día Mundial de la Salud se convocó a los líderes mundiales a comprometerse a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas, señalando: “La cobertura sanitaria universal (CSU) consiste en asegurarse de que todas las personas puedan recibir servicios sanitarios de calidad en el lugar y en el momento en que los necesiten (…) sin discriminación y sin que nadie quede excluido” (OMS, 07/04/2018) y en esta materia aún el 15.5% de la población mexicana tiene carencias en el acceso a la salud, 13.4% mujeres y 17.9 hombres (CONEVAL, 2016).

En estos tiempos de campañas políticas, sería bueno escuchar a los diversos candidatos y candidatas a legisladores pronunciarse sobre estos temas y conocer sus propuestas, entre las que deberán agregar, cómo resolverán todas estas antinomias en las leyes.

¿La Salud para todos? Sí y por ello preciso es, sumar nuestras voces para solicitar al Titular del Ejecutivo del país regrese al Congreso de la Unión para su revisión la adición a la Ley General de Salud (22/03/2018) ya que además, violenta también el principio de progresividad, contraviniendo la convocatoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Día Mundial de la Salud (2018).