Muchas estrategias se han diseñado desde las instituciones de gobierno, como desde las organizaciones civiles y sociales para tratar de reducir las barreras y los obstáculos que imposibilitan a las mujeres su desarrollo y la plena garantía de sus derechos.
Estas estrategias, han aportado sin duda, una mayor sensibilización, visibilización y desnaturalización de las distintas manifestaciones que todavía se presentan. Sin embargo, todavía hay que seguir impulsando acciones que permitan reducir esas enormes barreras a las que todavía se enfrentan muchas mujeres.
En los últimos 40 años se ha incrementado la inserción de mujeres en el ámbito laboral, esto ha ido permitiendo su autonomía económica, pero sin que haya traído aparejado una igualdad real, no sólo en las condiciones de trabajo, sino fundamentalmente en el reparto de las obligaciones domésticas y de cuidados que realizan en sus hogares, provocando esas dobles y triples jornadas que desempeñamos las mujeres y que evidencia las condiciones de desigualdad más enraizadas entre hombres y mujeres.
Ha sido documentado por ejemplo que las mujeres trabajamos más horas a la semana que los hombres, justamente en razón de este trabajo no remunerado.
Otra barrera que viene aparejada a lo anterior a la que se enfrentan muchas mujeres para poder acceder a un trabajo remunerado es, la violencia de género, que no es cosa menor cuando se reconoce que los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad y que en los últimos años en México ha ido en incremento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado que un mecanismo que permite acercarse a erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres es mejorar el acceso de las mujeres a un empleo remunerado, es decir impulsar su empoderamiento económico, sin embargo, para lograrlo es necesario atender que en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a abandonar su trabajo, derivado de la violencia en su contra. Ello impide y lo saben bien, quienes han pasado por esta experiencia traumática, a conseguir un empleo, con la consecuente pérdida de un ingreso para sus familias o que busquen empleos informales en los que no tienen acceso a prestaciones de salud, guarderías u otros beneficios que marca la Ley.
Por ello la necesidad de continuar construyendo acciones afirmativas para que accedan a programas de fomento al empleo formal y así impulsar su empoderamiento económico, coadyuvando a la eliminación de la violencia y a eliminar el acoso y hostigamiento sexual así como todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
De ahí que coordinadamente con el Instituto Poblano de las Mujeres y su Consejo Consultivo, y considerando que el sector privado siempre ha dado muestras de solidaridad a las causas más apremiantes de la sociedad; así como las empresas ya gozan de estímulos fiscales para quienes contraten a personas con discapacidad o a adultos mayores; he presentado una Iniciativa a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla del 2019 y para los subsecuentes ejercicios fiscales, que permita otorgar un estímulo fiscal del 50 por ciento en la deducción del pago del impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para las personas físicas y morales que contraten en su plantilla laboral a mujeres víctimas de violencia que cuenten con una sentencia de autoridad competente derivada de delitos que impliquen violencia contra las mujeres.
Continuar generando acciones afirmativas y construyendo políticas públicas que procuren acortar la brecha de género es el objetivo. Incrementar la inserción de mujeres en el ámbito laboral no sólo para alcanzar su autonomía económica que les permita un trabajo remunerado que les otorgue beneficios, sino fundamentalmente para ayudar a mujeres en situación de violencia, es el reto que podremos lograr sumando esfuerzos para reducir las barreras y los obstáculos que imposibilitan a las mujeres su desarrollo y la plena garantía de sus derechos: legisladores/as, gobierno y sector privado.
@rgolmedo
Palabra de Mujer Atlixco
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