Nuevas irregularidades se suman a la venta del terreno de Puebla Comunicaciones. Tras una minuciosa búsqueda realizada por el reportero Francisco Sánchez Nolasco se infiere que el predio que actualmente utiliza la televisora estatal como estacionamiento, nunca contó con la aprobación de los diputados para su desincorporación.
Saltarse al Congreso es suficiente razón para señalar que la compra-venta no cumplió con el proceso jurídico adecuado y por lo tanto se podría revertir la transacción.
Así como lo lee, si la administración estatal actual demuestra que la desincorporación del predio de la Vía Atlixcáyotl se realizó en lo oscurito o sin el aval del Poder Legislativo —que siempre estuvo de rodillas ante Moreno Valle—, la empresa que desembolsó 124 millones de pesos podría quedarse sin la propiedad.
La revisión del reportero de esta casa editorial señala que hubo dos tandas de iniciativas que envió Rafael a las legislaturas LVIII y LIX; sin embargo, ninguna de las 45 reformas está relacionada con que el gobierno de Puebla dejara de ser dueño del espacio en cuestión.
En las 26 iniciativas relativas a la desincorporación, recibidas entre 2011 y 2014 por la LVIII legislatura se encuentran terrenos e inmuebles como: el Paseo de San Francisco o la Hacienda Santa Teresa, en San Andrés Cholula; aunque la mayoría de los espacios se ubican en el Centro Histórico capitalino, incluyendo un primer intento por deshacerse de la Casa del Escritor.
En la legislatura LIX, otras 19 iniciativas se presentaron, 16 de ellas en el último año de gobierno de Rafael. En ese paquete, los diputados levanta dedos avalaron la venta de espacios como El Relicario, un predio en la Central de Abasto, otro en Las Fuentes (cercano a la residencia particular de Moreno Valle), parcelas en San José Chiapa, otras en Ciudad Serdán y hasta el terreno donde se construyó Acrópolis.
En ninguna de estas 45 iniciativas aparece el predio que hoy complica las operaciones de Puebla Comunicaciones.
Como ya lo dije, salvo que el aval de los diputados se haya dado en lo oscurito, la compra-venta sería irregular e incluso podría ser jurídicamente inválida.
¿Será está la irregularidad o la gota que derrame el vaso y obligue a la administración estatal a revisar con lupa todos los “remates” de la administración morenovallista?
¿Los secretarios y funcionarios públicos que firmaron las negociaciones, serán llamados a cuentas?
¿Se transparentará qué empresas y personajes fueron beneficiados con estos chanchullos?
¿Se sancionará a los valuadores que firmaron precios muy por debajo de lo catastral y comercial?
Veremos y diremos.