Identificado como el principal violador de los derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Tránsito Municipal (SSPTM), Ernesto Escamilla Hernández, pasó del Sexto Sector de la Policía Municipal a ocupar el mando del Grupo de Intervención Proactivo (GIP), conocido antes como Grupo de Atención y Reacción Estratégica Policial (GAREP), desmantelado en esta misma administración municipal —la de Claudia Rivera—, luego de que 7 de sus elementos fueran detenidos por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

Ernesto Escamilla tiene pendientes denuncias por abuso de autoridad, robo, lesiones y otros, en la Fiscalía Especializada para las Denuncias Contra Servidores Públicos, de la Fiscalía General del Estado (FGE), que por razones extrañas aún no han prosperado.

El servidor público municipal no sólo es un violador de los derechos humanos, sino que además se ha pasado por el arco del triunfo, el ya no tan Nuevo Sistema de Justicia Penal, luego de que su forma de operar para la prevención del delito comete toda serie de abusos, como son los allanamientos de morada, conocidos también como cantonazos, además de las detenciones, principalmente por delitos federales como el narcomenudeo.

El resultado de las detenciones arbitrarias, algunas de estas denunciadas en la FGE, a las que no les hacen caso alguno, es que los sospechosos terminan siendo liberados por un Juez de Control, o de Flagrancis, considerando que al ser detenido no se cumplieron los pasos legales.

Así las detenciones que presume ante sus superiores directos terminan siendo sendos errores que no aparecen en las bitácoras de aciertos que la SSPTM, a cargo de María de Lourdes Rosales Solís, presume ante la opinión pública.

En fechas recientes el comandante cabezas, jaloneó, golpeó y amenazó a una joven de 17 años de edad, para obligarla a que le dijera quién era un supuesto vendedor de drogas.

Otro caso reciente, ya como titular del GIP, fue al meterse sin orden de aprehensión a la casa de un presunto infractor de la ley, a quien en la azotea de ese mismo domicilio sometió con uno de sus compañeros, razón por la que le tomaron una fotografía, que fue entregada a esta columna.

Si no se frenan los abusos de este comandante en algún momento podría causar daños mayores, como la muerte de sus víctimas o que las deje lisiadas, entonces sí la alcaldesa de Puebla, va a tener que, como sucedió el pasado viernes 22 de febrero, anunciar la desaparición del GIP.

Nos vemos cuando nos veamos