En la entrega pasada le comenté la necesidad de que la Fiscalía General del Estado investigara a fondo la muerte de Miguel Ángel T. O, presunto delincuente golpeado por vecinos de la Unidad Habitacional de La Margarita y que murió en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), presuntamente por los mismos golpes.
Le comenté que es muy extraño que los elementos de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata que acudieron al llamado de un hombre que estaba retenido por civiles que lo acusaban por robo y no se hayan percatado de las lesiones que presentaba.
Un primer reporte del caso indicaba que el sospechoso, además de presentar perdida de piezas dentales por la golpiza, presentaba un traumatismo cráneo encefálico, y pese a todo esto, en lugar de que fuera trasladado a un hospital, se lo llevaron detenido a las instalaciones de la SSPTM, donde falleció.
Le comenté que de entrada existían irregularidades que podrían convertirse en delitos, porque, sólo considerando que el sospechoso hubiera sido nada más golpeado por vecinos, debieron haberlo trasladado a un hospital, para que fuera atendido y no trasladado a un centro de detención, donde seguramente fue interrogado al puro estilo policiaco
Y se les murió.
Pero lo que realmente extraña es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), no haya anunciado el inicio de alguna investigación.
Se entiende que la secretaria de SSPTM, María de Lourdes Rosales Martínez, proteja a su jefe de grupos especiales Ernesto González Escamilla, que la presidenta municipal le entre al encubrimiento por proteger a su equipo de trabajo.
¿Pero la CEDH?
Nos vemos cuando nos veamos