Y llegó, después de más de tres aplazamientos y varias mesas de negociación, el temido anuncio del aumento a la tarifa del transporte público llegó. La medida, claramente impopular, está acompañada de una serie de compromisos que por primera vez tienen establecido un periodo determinado de tiempo y hasta sanciones por incumplimiento.

Aunque es obvio que el aumento del pasaje tendrá un costo político para Morena y el gobierno de Miguel Barbosa, también es cierto que este incremento se convierte en una oportunidad histórica para ser un parteaguas que permita transitar en Puebla de la mafia del transporte público a un sistema eficiente, moderno y seguro.

Sin duda será necesario revisar a mediados de febrero el avance real en los compromisos que hicieron los transportistas como la colocación de GPS, cámaras de vigilancia, botones de pánico y la renovación de unidades; y claro está sancionar a quienes no hayan realizado ni los primeros pasos para lograr que el transporte público en Puebla transite a un sistema funcional, decoroso y seguro.

Los poblanos requerimos que dentro de cuatro meses, no le tiemble la mano a las autoridades, que sean firmes, que no se corrompan, que nos demuestren que por primera vez se trata de un verdadero acuerdo y no sólo de un documento para justificar el golpe a la economía familiar. 

Cambios que despiertan sospechas

Rezan el refrán, “no hagas cosas buenas que parezcan malas” y lo traigo a cuenta porque resulta, por demás sospechoso, el cambio de última hora que se realizó en el Orden del Día correspondiente a la sesión pública de este lunes en el Congreso local.

Le cuento que en la primera versión, que se mantuvo hasta pasadas las 21 horas de ayer domingo, se enlistaban, entre otras cosas, temas como la Ley de Víctimas y el “paquete” de cinco leyes que envió el gobernador Barbosa para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. También estaba enlistada la abrogación de la llamada “Ley Bala.

Pero algo paso.

Y una hora después, el Orden del Día cambió. Se incluyeron varias iniciativas, entre ellas una reforma a la Ley del Transporte.

El cambio, insisto, nos hace preguntarnos por qué el paquete de reformas que propuso el Ejecutivo para cumplir con las recomendaciones de la Alerta de Género se pospuso, ¿Será acaso que los diputados se dieron cuenta que lo que estaban por votar era, entre otras cosas anticonstitucional y que se caería en un nuevo desacato a la SCJN?

Si bien se entendía el viernes pasado la prisa de los legisladores de Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), para entregar las reformas y que se incluyeran en el informe de mañana martes sobre los avances por la Alerta de Género; no queda claro es cuál fue la razón real del cambio de última hora.

Una hipótesis es que los legisladores que ya están acostumbrados a imponer su mayoriteo, entraron en razón, su presumida ideología de izquierda por fin se hizo presente y entendieron que temas como el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto sí eran prioridad para este año.

La otra posibilidad es que alguien midió los daños y las consecuencias que tendría el aprobar leyes al vapor, incumpliendo con los lineamientos que ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese alguien hipotético, quizá levantó el teléfono y ordenó cambiar todo el contenido de lo que se presentará en el Pleno este lunes.

En cualquier caso, habrá que recordarles a los diputados que si bien es necesario y deseable una sana coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, es apremiante que hagan valer su independencia, ahí cabe la expresión de Vicente Guerrero a su padre: “La Patria es primero”.