En medio de la peor crisis de credibilidad que haya vivido el Poder Judicial Federal, las cosas no parecen ser diferentes en el Sexto Circuito con sede en Puebla, en donde las prácticas de nepotismo parecen ser un acto cotidiano y cínicamente común.

Aquí un caso de flagrante y burdo de nepotismo.

En el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a partir del 15 de marzo de 2019, fue nombrada la magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, proveniente de un Tribunal Colegiado de Tlaxcala.

Desde su arribo a Puebla se pasó por el Arco del Triunfo el contenido de los artículo 108 de la Constitución Política y sus fracciones VI, y XXV; además de un sin fin de artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y hasta lo establecido en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: Decidió poner a trabajar a su hija Katerine Aguilar Alquicira en su propio tribunal.

Así como usted lo lee.

La magistrada Gabriela le dio chamba de manera directa a su nena en el tribunal donde ella es la titular.

Pero la historia no acaba ahí, toda vez que el poder que le ha cedido su madre a Katerine Aguilar Alquicira, hace que los propios abogados litigantes ya la llamen la 4a magistrada.

Seguramente la magistrada intentará defender su nepotismo argumentando que su hija no cuenta con nombramiento oficial. Sin embargo, existe un Acuerdo General 21/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que en su artículo primero prohíbe expresamente la ocupación de meritorios, y de personas que presten sus servicios o realicen actividades propias del servicio judicial (consulta de expedientes, acceso a información de los amparos, etc.), sin recibir remuneración o apoyo económico alguno procedente del Consejo de la Judicatura Federal.

Por lo tanto, de ninguna manera la magistrada, puede tener a su hija, en el tribunal en el que ella es titular, a pesar de no tener nombramiento, por estar expresamente prohibido.

Lo extraño de esto es el actuar de los dos restantes magistrados, Teresa Sánchez Munguía y Alejandro de Jesús Baltazar Robles, quienes a pesar de saber las repercusiones legales y ser procedente una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, por alguna extraña razón, permiten que la junior de su compañera magistrada haga y deshaga en su tribunal.

Por increíble que parezca, los encargados de hacer cumplir las leyes, decidieron pasar por alto la Ley General de Responsabilidades que es muy clara al prohibir que los parientes de los titulares de los magistrados federales laboren en los órganos de los que son titulares.

Nuestros juzgadores no predican ni con la ley, ni con el ejemplo.

Vamos de mal en peor.

Regresan Las Intolerantes

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