La tensión que se vive en las relaciones entre el Gobierno del Estado y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no es un asunto menor.

Los poblanos que andamos arriba de los 50 años, fuimos testigos del costo social que implica un conflicto entre el la autoridad estatal y la máxima casa de estudios.

La postura del gobernador Barbosa de no aceptar una reunión privada con el rector Esparza salvo que esta se dé a través del trámite de una cita en los martes ciudadanos; aunada a la reacción del Consejo Universitario y de la rectoría de la Buap por lo que argumentan es una persecución desmedida y fuera del marco legal y del respeto a la autonomía universitaria; y sumadas a las auditorías ordenadas por la Auditoría Superior del Estado a cargo de Francisco Romero, presagian una guerra en la que a todas luces perderemos todos los poblanos.

El auge universitario generado desde el arribo de José Doger Corte con su Proyecto Fénix, marcó una nueva era para la universidad pública, misma que nos permitió ver una constante evolución hasta llegar a ser una de las universidades con mayores acreditaciones académicas, con incuestionables grados de excelencia.

Parte de esta calurosa confrontación ha sido encendida por un personaje que deberá ponerse una bolsa de hielo en la cabeza. Se trata del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, quien parece no entender el impacto político que representa una crisis política de esta envergadura.

Se puede entender que por razones de edad, Gabriel Biestro no comprenda lo que representa para Puebla despertar a los demonios del Carolino. Desafortunadamente, poco o nada aportan las posturas de la diputada Olga Lucía Romero, quien parece querer incendiar todo lo que se le pone enfrente.

Hay que recordar que el 2021 es un año electoral tanto para los partidos políticos en donde se definirán alcaldías y congresos locales y federales, como en la Universidad en donde estará en juego la rectoría un par de meses después de la elección constitucional.

De ahí que la Buap retome un interés quizá más político que de rendición de cuentas, ya que para muchos personajes hoy ligados a la 4T la universidad resulta un botín, que puede ser considerado como la Joya de la Corona

Todo hace pensar que los viejos rencores de algunos personajes hoy cercanos al poder, buscan retomar el control perdido en los años ochentas de esa Universidad a la que llevaron a su peor crisis política, académica y de rendición de cuentas.

Ya en próximas entregas retomaré las historias porriles de algunos de esos personajes que hoy se relamen los bigotes para hacer el abordaje.

La BUAP fija postura ante la ASE

Dicen que la forma es fondo, y las formas en que se dieron los primeros encuentros entre la ASE y la Buap no auguran una relación tersa entre ambas instituciones.

De entrada, el arranque de las primeras auditorías provocó una reacción inmediata de la universidad.

La postura de la Buap emitida a través del sub contralor se puede desglosar de la siguiente manera:

1.- No existe negativa a que la Buap sea fiscalizable, como ente obligado.

2.- Piden que esa fiscalización se realice conforme a derecho, que los recursos federales sean fiscalizados por la entidad fiscalizadora competente que es la ASF y no la ASE.

3.- Expresan que esa posición institucional, está establecida en la Constitución federal, la cual señala que la fiscalización de recursos Federales corresponde directamente a la ASF

4.- Hacen hincapié en que la auditoría “preventiva” que pretende practicar la ASE es ilegal e inconstitucional, ya que dicha figura no se encuentra prevista en la constitución federal y que en ningún ordenamiento legal se le da facultad a las auditorías estatales. Que de ahí deriva la firme postura del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Buap.

5.- Han denunciado que la actuación de la ASE fue contraria a derecho, toda vez que no medió notificación “personal, ni citatorio con quien físicamente representa a la Buap”

6.- Que el criterio publicado de la SCJN no es aplicable por el objeto y fin de la actuación de la ASE ya que la Buap no ha declarado que no sea un ente fiscalizable.

7.- Y concluyen que fiscalizar recursos federales y propios por parte de la auditoría estatal es atentar contra la BUAP y principalmente contra su autonomía.

Bajo esta lógica, habrá que esperar para saber si la reciente postura del Auditor Francisco Romero plasmada en su cuenta de Twitter es realmente conciliatoria que permita que las aguas vuelvan a su nivel, dejando a un lado los excesos; o si las auditorías seguirán bajo las mismas y nuevas políticas.

De la sensatez política de ambas partes pende la estabilidad de la Buap, y quienes vivieron las crisis universitarias de los 70s y 80s saben a qué me refiero. Y eso nos pega a todos los poblanos.