Al parecer el llamado G7 por fin topó con pared. Ante los arrebatos y las declaraciones de descredito constante a la administración municipal, la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio, tomó el toro por los cuernos y decidió presentar tres denuncias, una de ellas penal en contra de dos de los regidores morenistas que previamente le acusaron de tener familiares en el negocio de los bolardos.
La secretaria, quien se dice víctima de violencia política de género, exige que se demuestre con documentos que la colocación de bolardos y macetones en las calles de la ciudad, una medida por demás controversial y que desde este espacio hemos cuestionado severamente, ha sido un negocio para ella y/o su familia.
Más allá de filias y fobias, es claro que la exigencia de la secretaria de Movilidad se encuentra dentro de sus derechos, el que acusa está obligado a probar los señalamientos. Sin embargo en el fondo tanto las acusaciones en su contra como las denuncias interpuestas contra los regidores morenistas, Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta son muestras de la guerra intestina que vive el Ayuntamiento capitalino desde el arranque de la administración de Claudia Rivera.
Una ofensiva que la misma tarde de ayer lunes tuvo otro enfrentamiento. Regidores de oposición como la priista Silvia Tanús, el panista Enrique “El Huevo” Guevara Montiel y el morenista Edson Armando Cortés hicieron pública su posición y anunciaron que se solidarizaban con Aguirre Junco y González Acosta al grado que han solicitado a la Contraloría municipal que investigue a Alejandra Rubio.
Así que este capítulo, aún presentará muchos baches más, antes de llegar al desenlace.
Cuentas públicas, botín de guerra
Sin intentar defender los números de la alcaldesa, considero que el rechazo de los Estados Financieros correspondientes a diciembre de 2019 y enero del 2020, es también parte de este conflicto entre morenistas que afecta directamente a los capitalinos.
Aunque desde este espacio he denunciado la falta de comunicación asertiva por parte de la administración municipal y de acciones concretas, sobre todo en el tema de seguridad, los regidores del llamado G7 también comienzan a convertirse en una piedra que impide el avance en la ciudad más importante de Puebla.
Protestar un día sí y otro también sin presentar propuestas de mejora, difícilmente ayudará a que los capitalinos tengamos más seguridad, obras o servicios públicos de calidad, ya ni hablar de confianza en el uso de los recursos públicos.
En esta guerra habrá también que preguntarnos a quién sirve o que intereses mueven a los regidores que han encontrado en la descalificación, los reflectores mediáticos y claro, un coto de poder que difícilmente soltarán.
