La semana pasada el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública de Puebla (Itaipue), de manera increíble aprobó ya no revisar al cien por ciento de los sujetos obligados, que cumplan con sus deberes en transparencia.

Aunque pareciera un tema menor, si se analiza podría ser mucho mayor de lo que aparenta.

Cada año desde 2015, el órgano garante de la transparencia en Puebla, revisa a las entidades gubernamentales, partidos políticos, ayuntamientos, fideicomisos y hasta sindicatos, en que publiquen distinta información de manera obligada.

Ahora, el alegato primordial del Itaip para ya no cubrir el 100%, es que no hay suficientes recursos, económicos, ni humanos para hacer la supervisión.

En parte es verdad, ya que solo cuatro o cinco trabajadores  están encargados de revisar a cada portal de internet o información publicada de 340 sujetos obligados.

Tras el acuerdo, ahora solo serán revisados los entes que no hayan aprobado las revisiones anteriores y algunas serán aleatorias.

De 346 sujetos obligados que existen, solo 182 sean verificados durante el ejercicio del 2020.

Esta situación o acuerdo ha generado varias dudas.

Por ejemplo, En 2019 en el poder ejecutivo ni una sola de las 31 secretarías estatales, ni sus fideicomisos, incumplió con la transparencia, por lo tanto ahora ya no serán revisados, según la nueva disposición.

Esta situación ha empezado a generar suspicacias.

Las mismas van desde que de manera disfrazada se otorga un manto protector al gobierno estatal, hasta que podría generar que las dependencias gubernamentales empiecen a aflojar su ritmo perfecto de transparencia.

Algo así como generar la opacidad, si saben que no serán revisados, pocos estudian si saben que no habrá examen.

La segunda sospecha que se ha generado, es que en el acuerdo se señala que algunos sujetos obligados que queden, serán supervisados de manera aleatoria.

Lo malo es que no se ha aclarado cómo será esta forma aleatoria o cómo se tomará la decisión de quién sí y quién no.

A lo mejor lo hacen por medio de un sorteo o una rifa (ahora que están de moda) o simplemente puede ser por el dedito de la presidenta de Itaip, Marcela Carcaño.

Nadie lo sabe hasta el momento.

Lo malo es que esta situación también ha generado que se sospeche que ahora el Itaipue, sea utilizado como una herramienta más de presión a las distintas entidades gubernamentales, sobre todo a los ayuntamientos.

Si bien es cierto, que en lo que respecta a los ayuntamientos que gobiernan para menos de 70 mil habitantes, está el grueso de más reprobados en transparencia, también es cierto que ahora algunos incomodos, podrían ser seleccionados para pasar a la guillotina de la transparencia.

En 2019, fueron reprobados con incumplimiento 183 de 202 ayuntamientos. Y 62 de ellos sacaron cero de calificación de los 100 posibles.

Pero ahora solo se podría revisar a unos cuántos desafortunados.

Por eso podría ser muy fuerte la tentación de usar la transparencia como garrote político.

Y todo porque aún no hay nada claro.

En tercer lugar de la suspicacia, está la que aún no se formaliza la forma o montos de multas a quienes se sancione.

Esto también podría utilizarse del mismo modo.

Sean ciertas o no las sospechas, como dicen en mi pueblo, “no hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Y es que aunque ahora podría haber revisiones con mejor calidad que antaño, lo cierto es que quedarán al garete muchos sujetos obligados.

Tiempo al tiempo.