No hace mucho una mujer que ostenta el cargo de presidenta municipal en un municipio de la zona metropolitana de Puebla sufrió una brutal golpiza de su marido, un pernicioso personaje que ha querido incluso imponer proveedores en el gobierno de la víctima humillada y golpeada.
El consorte de la edil está lejos de ser castigado con rigor y más aún, se ha convertido en un factor de riesgo para la seguridad de quien ganó en las urnas y, además, de manera adicional, un problema serio para la administración de uno de los municipios más importantes del área.
El Estado mexicano le ha fallado a las mujeres de este país y a cada una de las familias que ha padecido el abuso de un sistema machista basado en el egocentrismo que no pocas veces se traduce en la violencia de género, hasta llegar a los casos de feminicidio.
Si acaso, ha sido a partir del dolor, empeño y trabajo de familias enteras de víctimas mortales de la violencia machista que gobiernos enteros han debido implementar políticas públicas que buscan frenar actos de abuso psicológico, emocional, económico y físico en contra de mujeres de todo rango, económico, político y social.
El resultado, sin embargo, es deficiente por varias razones y ofrece un panorama sombrío e incierto. Se trata en el peor de los casos, de desmantelar desde las instituciones un sistema estructural endógeno, propio de un machismo normalizado y hasta romantizado.
Este martes 25 de agosto se conmemora el primer lustro que la joven Paulina Camargo Limón desapareció de la faz de la tierra. Su novio José María Sosa Álvarez purga una condena de 16 años y seis meses por el feminicidio de quien, al momento de haber sido desaparecida, tenía un embarazo de cuatro meses.
El caso de Paulina Camargo Limón colocó frente a un reto descomunal al aparato de impartición de justicia pues bajo la lógica jurídica de que sin cuerpo no hay delito, se debió poner a prueba al Tribunal Superior de Justicia para encontrar un esquema inédito para castigar a quien, sin duda, ultimó a la joven poblana.
Más por un cálculo político que por un afán legítimo para castigar el homicidio de una muchacha que llenó de dolor e indignación a su familia y a la sociedad, se llevó a quien la prensa bautizó como ‘El Chema’ ante un juez.
Hace cinco años el panista Rafael Moreno Valle buscaba con afanes la candidatura a la presidencia de México y nada podía empañar a un gobierno que se empeñó en ofrecer como eficiente en todos los ámbitos.
Doña Rocío Limón y Rolando Camargo, los padres de la joven desaparecida se vieron en la necesidad de convertirse en activistas en favor de mujeres que viven periodos de oprobio: violentadas, perseguidas y acosadas por sus parejas, esposos y parientes.
El autor de la columna ha sido testigo del periodo de duelo que han debido procesar por la pérdida de Paulina y de la decisión y arrojo para defender a nuevas víctimas de actos violentos e intentos de feminicidio, hasta llegar a esconder y alojar a potenciales víctimas en casa propia.
La tragedia que los envolvió los puso en la posibilidad de poder ayudar a otras personas en el Estado de México, Morelos, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, al tiempo de haber establecido vasos comunicantes con colectivos y agrupaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de mujeres en situación de riesgo.
Sin reflectores, grandilocuencia ni lucimiento hacen un trabajo callado y eficaz que ha podido poner a salvo a otras víctimas de potenciales feminicidas; gestionan y cuando es necesario, presionan en fiscalías, tribunales y agrupaciones policiacas para conseguir protección para mujeres vulnerables y castigo para culpables.
Para el martes 25 convocaron a un grupo de personalidades que han hecho trabajo en contra de la violencia de género y por el establecimiento de políticas públicas que permitan erradicar este tipo de expresiones.
A través de una transmisión virtual (https://www.facebook.com/JusticiaPaulinaCamargo/ ) participarán la subsecretaria de Gobernación, Raquel Medel Valencia; la diputada Rocío García Olmedo; la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacurdía S.J., María del Rosario Arrambide; la jefa de mediación del Sistema DIF estatal, Patricia Sánchez; Gerardo McFarland Ávila; y el autor de la columna.
Cualquiera de las personas que participan en este panel deberíamos sentirnos honrados por la convocatoria, pero no hay motivo para ello. Es preciso no olvidar el origen de la reunión virtual de este martes 25: el crimen de Paulina y su bebé en el vientre, un muchacho cuyos orígenes familiares sugieren un contexto violento, encarcelado y una sociedad lastimada.
Por la edil humillada y golpeada y todas las víctimas de ese machismo sin pausa ni castigo, habrá que seguir trabajando con rigor, sin celo ni protagonismo. La premisa debe ser #NiUnaMás.