Hace un año, cuando el flamante secretario de Secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, nos prometió que el aumento del pasaje tendría enormes beneficios para los poblanos y para los usuarios en general, hizo hincapié en que ahora sí las unidades serían seguras, que contarían con botones de pánico y videocámaras enlazadas al C-5 para monitorear en tiempo real, lo que sucedía arriba de microbuses, combis y camiones.
Los transportistas dijeron que tratarían de cumplir con las peticiones de la SMT y Aréchiga hizo como que supervisaban las unidades. Espectaculares fotografías mostraron algunas unidades en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc pasando revista. Una decena de boletines acusaban la sanción o hasta alguna que otra revocación de concesión.
Pero eso no bastó.
Lo dijimos desde el inicio. No existía ni voluntad por parte de los concesionarios ni interés del secretario por realmente dignificar el transporte público, garantizar los requerimientos técnicos para la conexión de casi 14 mil cámaras y menos por hacer cumplir a los firmantes con los acuerdos en beneficio de los usuarios.
Los asaltos al transporte público son la nota diaria; las rutas nocturnas que operaron algunos meses, desaparecieron; los operativos poco o nada han logrado pues las unidades que circulan en pésimas condiciones y con sobrecupo, continúan.
Aunque Aréchiga no supo –o no quiso- imponer el orden, el gobierno del estado ha pagado puntualmente el subsidio al que se comprometió con tal de mantener una tarifa de descuento para los estudiantes, pese a que desde hace seis meses los educandos se encuentran en las casas tomando clases en línea.
Así, los pésimos resultados afectan a los poblanos en dos vías, por un lado quienes se ven obligados a utilizar el transporte público siguen viajando en unidades viejas e inseguras; y por otro, el erario se ve mermado mes con mes para pagar un subsidio que ni siquiera debería aplicarse en estos meses.
En este escenario nos deberíamos de preguntar, los concesionados se chamaquearon a Guillermo Aréchiga o el camaleónico operador político se pasó de listo y a sabiendas que los transportistas no cumplirían, nos prometió que ahora sí, que con la Cuarta Transformación tendríamos un transporte de primera.
En conclusión, el único cambio real es el precio del pasaje.
Las pipas y los accidentes
Ayer en las bellas playas de Rosarito, en el extremo norte del país, una pipa de PEMEX que transportaba 20 mil litros de gasolina chocó con un vehículo y debido a la explosión y al riesgo que representaba el percance, fue necesario evacuar a toda la población en un radio de 500 metros a la redonda.
En el área del siniestro, donde existe una sucursal de Oxxo, una gasolinera y un centro comercial, se registró un apagón que contrastó con las llamas que lesionaron a 16 personas.
Un día antes, el martes, en el otro extremo del país, en Tabasco, una pipa que transportaba diésel explotó en la carretera Comalcalco – Paraíso.
Ahí el saldo fue de cuatro personas muertas: el conductor del camión, el chofer de otro vehículo y dos ciudadanos más que pasaban por la zona.
Los accidentes de pipas en México cada día cobran más fuerza y son muestra de la pésima decisión de AMLO de transportar los combustibles por carreteras en lugar de usar los ductos que para eso se diseñaron.
El argumento del presidente de utilizar las cisternas para evitar el huachicoleo es endeble. Las cifras demuestran que dos años después de su idea, el robo de hidrocarburos continúan, amén de que las pipas también son secuestradas o robadas durante sus recorridos.
Lejos de reducir las pérdidas para la paraestatal, Petróleos Mexicanos podría verse envuelta en un sinfín de denuncias por las indemnizaciones del personal que resulte lesionado en los incidentes o peor aún, los pagos a los deudos de quienes mueren por una decisión tomada en el arrebato del momento.
