Los recursos públicos son para atender las necesidades de la gente, pero nunca hay presupuesto que alcance en los tres órdenes de gobierno, para todas las necesidades de la población, razón del desgaste natural que cada administración tiene por no satisfacer las aspiraciones sociales.

Esta situación obliga a las autoridades a establecer prioridades, ordenar los problemas y necesidades de acuerdo a su urgencia e importancia para la convivencia armónica, la gobernabilidad y de acuerdo al impacto político, socioeconómico y ambiental generado en el corto, mediano y largo plazo.   

Pero el problema para esto es que no existe en México un diagnóstico actualizado y priorizado de los problemas nacionales, estatales o municipales, debido a que se ha abandonado la planeación. Los planes de desarrollo elaborados con escasa participación social, se hacen y presentan solo para cumplir con el requisito legal de tenerlos en los primeros meses de cada administración.

Menos aún se tiene la cuantificación de recursos necesarios para resolver las principales necesidades, no hay plazos para acabar con la problemática que nos aqueja.

Cada administración se ha preocupado por salir lo mejor que pueda en su periodo constitucional, administrar, modificar marco legal, impulsar obras emblemáticas, descalificar a los antecesores y atender lo que se pueda sin mayor interés por el futuro de las nuevas generaciones.

Los procesos de transformación reales, requieren de 5 a 20 años de trabajo y atención continua de los problemas para ver los resultados. En la administración pública a unos les toca sembrar, otros continuarán y verán los resultados. Pero todos quieren el honor y la gloria durante su responsabilidad. Descontinuar los proyectos del antecesor es una tentación muy arraigada.

Esto significa que serán necesarios dos o tres sexenios para resolver parte de los problemas existentes, implementando políticas y trabajando de manera continua. Es tiempo de poner plazos a la solución de los problemas que más lastiman a la sociedad y ponen en riesgo a las futuras generaciones.

Necesitamos identificar qué problemas tenemos, cuáles son los principales, en cuántas etapas y en qué tiempo se pueden resolver, cuántos recursos se requieren; cuánto podemos avanzar en un periodo de gobierno y qué deben hacer los que siguen. 

Porque con excepción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptadas por el gobierno mexicano, no se ven otros plazos para la solución de los problemas nacionales.

No hay un problema en México que tenga plazo para resolverse. Ni la pobreza ni la desigualdad, el abasto de agua, el tratamiento de aguas residuales, los embarazos en adolescentes, el manejo de residuos sólidos, la recuperación de los bosques, la obesidad y lo que más lastima a los mexicanos, la inseguridad pública.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra en segundo lugar, al lado de Chile y Estados Unidos, entre los países con mayor desigualdad entre sus 34 miembros, misma que se mide por el acceso a educación, salud y la diferencia de ingresos entre el segmento poblacional más rico y el más pobre

Se ha abandonado la planeación real, la que se hace desde abajo, escuchando a los ciudadanos de las 199 mil comunidades del país que presentan una gran dispersión y diversidad socio-económica, étnica y ambiental. Se ha olvidado la planeación que permite establecer políticas públicas, que marca la ruta y elimina ocurrencias, caprichos y modas de trienio o sexenio.

El presupuesto derivado de una planeación real, sujeto al precio del petróleo, debería tener una aplicación regional para mantener equidad. Se necesita un presupuesto que proporcione bienestar, pero hace falta el que genere riqueza para sostener el bienestar logrado. Se requieren programas de asistencia social, pero también hacen falta los de fomento productivo en forma complementaria. Necesitamos recuperar la planeación democrática y participativa para reorientar el presupuesto que permita impulsar el desarrollo regional de México.

Una aplicación regional del presupuesto establecería límites geográficos definidos por la similitud de la problemática y condiciones socio demográficas. La existencia de casi 200 regiones y más de 700 microrregiones en el país, es un indicativo de que no pueden aplicarse programas generales si no se consideran las características de los territorios.