Más de 25 millones de mexicanos viven en el campo.

Según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el 15 por ciento de la población ocupada del país es del sector agroalimentario, mismo que representa el 9.24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 9.5 por ciento de las exportaciones nacionales que, en total, generan más de 40 mil millones de dólares (mmdd) y una balanza comercial superavitaria mayor a 12 mmdd. favorable a México.

Las exportaciones mexicanas agroalimentarias superan ya a los ingresos obtenidos por el petróleo, las remesas de migrantes y el turismo. El campo mexicano es el principal proveedor de alimentos a los Estados Unidos con el 22 por ciento del total anual comprado en el mundo. Esto incluye un 70 por ciento de las hortalizas y 60 de las frutas exportadas por nuestro país.  

No podemos dejar de lado que el campo es una importante fuente de alimentos y materias primas para la industria, además de ser el origen del agua para las ciudades y centros de población.

Entre los problemas que el campo enfrenta actualmente están las políticas y decisiones aplicadas con alta carga ideológica, apartadas de la ciencia y la técnica, recortes presupuestales y la eliminación de 17 programas que apoyaban el fomento productivo agropecuario y acuícola. Los presupuestos actuales no rebasan los 49 mil millones de pesos (mmdp), casi la mitad con relación a 2018.

Vivimos una austeridad republicana que se ha traducido en recortes a los gastos operativos de las dependencias del sector y la reducción de plazas que permitían cierto grado de atención a la población. Se eliminaron los recursos para la atención a desastres naturales y apoyos a la investigación agrícola.

Nuestro campo enfrenta sequías prolongadas y una drástica reducción de la disponibilidad de agua para los diferentes usos; falta de asistencia técnica, servicios de capacitación y acompañamiento; así como también el hecho de que los recursos para financiamiento se han disminuido notablemente.

Se estima una reducción de tres millones de hectáreas de superficie sembrada y un incremento de importaciones de maíz, soya y trigo por 19.8 millones de toneladas en el primer semestre de 2021 con relación al mismo periodo de 2020. Si bien el incremento en volumen es del 14 por ciento, en valor es del 64 por ciento según reportes del CNA.

Todo lo anterior ejerce una fuerte presión sobre el precio de la tortilla y el pan, afectados también por el precio del gas. Lo cual, junto con el efecto de la pandemia Covid-19, está provocando un aumento de la pobreza que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), estaría pasando de 61 a 70 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza con relación al año 2018.

A pesar de las reducciones presupuestales, la eliminación de programas, la sequía en gran parte del territorio nacional, y el Covid-19 que afectó la producción y comercialización, el sector primario registra un crecimiento de 2.8 por ciento al primer trimestre del 2021 contra -2.3 y -3.6 por ciento de los sectores secundario y terciario.

Por lo anterior, y como propuestas del Congreso Estatal Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de Puebla ante el Congreso Nacional Cenecista, especialmente a los legisladores federales de la LXV que inicia el primero de septiembre, se solicita su intervención para defender mayores asignaciones para el sector agroalimentario dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

Se requiere recuperar cerca de 17 programas de fomento productivo, convencidos de que los apoyos sociales y asistenciales por sí solos no revierten la pobreza ni promueven el desarrollo económico regional. En esta situación están los programas de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Apoyos a la Comercialización, Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Concurrencia con Entidades Federativas, Sanidad e Inocuidad, Atención a Siniestros Agropecuarios, Apoyo a Financiamiento, Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

Es fundamental fortalecer la seguridad alimentaria de la población, apoyar realmente a pequeños productores y de autoconsumo, recuperar apoyos a la agricultura y ganadería familiar, atención integral al desarrollo de cadenas productivas y abasto a mercado, revisión de los temas laborales T-MEC, creación de oportunidades reales para los jóvenes, apoyo a los jornaleros agrícolas, atención a la estacionalidad agrícola de Estados Unidos y su impacto en México; así como una política nacional de apoyo a los Ejidos y Comunidades Agrarias, ganadería a base forrajes y praderas, producción de Leche y Carne en los trópicos, políticas de Conservación del suelo y el agua y, apoyo a la agricultura de Conservación, Agricultura Protegida y Agricultura Orgánica

En materia legislativa se considera prioritaria la revisión y aprobación de Ley General de Aguas Nacionales que asegure el abasto de agua, recarga natural y artificial de acuíferos, tratamiento y reúso de aguas residuales y tecnificación del riego agrícola.

También es prioridad revisar la Ley de Financiamiento Rural, la de desarrollo regional y la Ley General de Planeación Nacional.

¡No puede inventarse el país cada seis años!