El día de ayer por la tarde, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el recientemente ungido Rogelio Ramírez de la O, entregó el Paquete Económico 2022 al Congreso de la Unión. Este documento es en esencia, tres proyectos de leyes: la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, y los Criterios Generales de Política Económica. Aunque lo visto ayer es solamente un anteproyecto, será poco lo que se ajustará en las cámaras y las perspectivas para el campo son de claroscuros.

Por un lado, una noticia inmejorable para el campo es la asignación de dos mil 700 millones de pesos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el marco de un incremento general de casi el 44 por ciento u once mil millones más que el año pasado.

La primera cantidad será asignada para el Censo Agropecuario 2022, máximo instrumento del estado mexicano para la estadística agrícola, pesquera y pecuaria. Este ejercicio fue realizado por última vez en el lejanísimo 2007, y tenía mandato de ser realizado de nuevo una década después en el 2017. El ejercicio nunca se hizo y se sustituyó por un instrumento intercensal de menor escala, la Encuesta Nacional Agropecuaria, cuyo último ejercicio fue en 2019.

La necesidad de fondear y realizar este trabajo ha sido ignorada por legislativos y administraciones pasadas, aunque reclamada con insistencia por algunos actores públicos, especialmente la muy respetable senadora por Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel.

Dirigir las políticas públicas nacionales del sector agropecuario con información de hace 14 años es ofensivo, regresivo y francamente un desdén al campo mexicano; tendremos que ver la implementación y metodología del levantamiento censal en tiempos de pandemia antes de comentar más al respecto.

Por otro lado, vemos un recorte de tres mil 750 millones de pesos a la Secretaría de Desarrollo Rural, comparados con el año pasado, casi 22 por ciento menos.

Será importante esperar a ver los recortes finales y las áreas puntuales a verse afectadas, aunque ya se pueden prever los dos posibles daños. La prestación de servicios a terceros y la transferencia de poder y presupuesto a la Secretaría de Bienestar.

No es ningún secreto que las áreas de gobierno que prestan servicios a productores agropecuarios de cierta dimensión y capacidad son las que cuentan con mayor repudio por la 4T. Si tienen la capacidad monetaria que lo paguen ellos, dicen. El temor es la pérdida de capacidades por austericidio, un mal que ha plagado esta administración y que infunde miedo en SENASICA; el área de sanidad e inocuidad agropecuario del gobierno.

Es bien cierto que SENASICA poco o nada se involucra con los pequeños productores, quienes tienen severos problemas económicos y de rentabilidad para implementar las medidas necesarias para contar con las aprobaciones federales, pero la capacidad nacional de exportación descansa en la posibilidad de pasar la frontera fitosanitaria al norte. La pérdida de mercados internacionales y la entrada de divisas serían la crisis para la ganadería nacional.

El otro mal es la concentración de programas en la Secretaría de Bienestar. Su última víctima: las Tandas de Bienestar de la tía Tatis Clouthier en la Secretaría de Economía, que para el 2022 perderá el 45 por ciento de su presupuesto.

La intentona de juntar programas en una dependencia de corte netamente social, para según evitar las vicisitudes y corruptelas del pasado, han degenerado programas federales en hoyos negros.

El programa del campo que más presupuesto recibe es Sembrando Vida, mismo que al estar bajo la secretaría equivocada otorga mensualmente cuatro mil 500 pesos a 430 mil personas para invertir en las acciones que el sujeto considere para el beneficio de su familia y parcela. Con la crisis económica por la pandemia encima podrá imaginarse el ínfimo porcentaje que va a proyectos agropecuarios, lo que va a apenas subsistir, y los amarguísimos topes que se dará el gobierno al hacer sus cortes de caja en tres años.