Lo único que genera riqueza y revierte la pobreza es la creación de empresas y el desarrollo de negocios; es el fortalecimiento de las actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario de los territorios.

Este es un proceso indisoluble que beneficia a la gente y a la recaudación hacendaria para ayudar a las finanzas gubernamentales. Si no hay actividad económica no hay recaudación.

Así, la producción primaria del sector agroalimentario, la industria, agroindustria, el turismo y los servicios, son los grandes pilares de cualquier economía al margen de creencias o distorsiones ideológicas a las que somos naturalmente proclives.

El fortalecimiento de la actividad económica con frecuencia necesita que se le faciliten los trámites, se desarrolle la infraestructura básica, se otorguen los servicios públicos y se apoye con bienes públicos como los relacionados con sanidad, inocuidad, logística, aduanas y puertos, servicios de seguridad pública, centros de servicios y gestiones, financiamiento o formación de recursos humanos, capacitación y asesoría técnica. 

Por esto la vinculación educación-sociedad-empresa-gobierno debe ser muy sólida.

La educación debe formar individuos, líderes y recursos humanos que atiendan las necesidades y problemas de la sociedad y sus sectores productivos, actuales y potenciales.

La empresa con el apoyo de la educación y el gobierno desarrolla sus procesos productivos, beneficia a la sociedad a través de la creación de empleo y la generación de bienes materiales y/o servicios.

El gobierno debe ser en este proceso un facilitador y promotor de esta vinculación, además de cumplir sus funciones constitucionales de mantener la convivencia, la gobernabilidad y promover el desarrollo de la sociedad garantizando los derechos humanos constitucionales.

Y, en materia de derechos humanos hay una gran cantidad de pendientes como el derecho a la educación, a la seguridad pública, a la alimentación, a la igualdad, a la salud, al empleo digno, a la vivienda digna, a un medio ambiente limpio; en suma, a una vida digna para las actuales y futuras generaciones.

Por estas consideraciones, me parece inconcebible que, en medio de tantos pendientes de atención social, económico, jurídico y ambiental, hoy se abran nuevos frentes de atención para un gobierno que no ha cumplido lo que prometió a través de crear empresas del gobierno como el Gas Bienestar.

No obstante que, por seguridad nacional, se cuenta con Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Salinera Guerrero Negro, lo cierto es que el gobierno ha sido y es un mal empresario, porque no son sus funciones sustantivas y, su estructura operativa no es compatible con la funcionalidad y necesidades de una empresa.

Varios presidentes municipales electos de diferentes estados, me han compartido su intención de adquirir maquinaria y ponerla a disposición de sus productores pagando éstos solamente el combustible. Algunos están pensando crear centros de acopio y empacadoras para la compra de las cosechas de los campesinos a mejores precios. Es una buena intención, pero sin posibilidad de éxito, según las experiencias conocidas.

Hace varios años la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural del Departamento del Distrito Federal (COCODER/DDF), creó un programa de mecanización para dar servicio a los campesinos de las delegaciones del sur de la ciudad de México. Con conocimiento de causa puedo afirmar que ayudó porque bajó los costos con relación a los privados, pero también por la influencia de los actores políticos, se tuvieron una gran cantidad de descuentos en función de conveniencias, casi siempre electorales, que terminaron haciendo inviable la rentabilidad. Los ingresos no permitían ni la adquisición de refacciones o llantas de los tractores y menos su reposición al término de su vida útil, sin dejar de mencionar los problemas de programación del trabajo por la falta de organización de los productores.

No necesitamos un gobierno empresario que haga la mala competencia al sector empresarial. Lo que México necesita es un gobierno que confíe en su sector empresarial, que unifique a los empresarios, que aplique la ley y castigue la voracidad y los abusos de empresarios desleales, pero fundamentalmente, que facilite el desarrollo o la instalación de empresas de productos, servicios y logística que tanta falta hacen para el desarrollo de las regiones.

Necesitamos gobiernos que al mismo tiempo que apoyan con programas asistenciales, fortalezcan políticas de fomento productivo, incrementen los apoyos a bienes públicos sobre los actuales apoyos individuales con alta carga electoral. Gobiernos que apoyen la formación de empresas con los financiamientos básicos, asesoría técnica y administración profesional para beneficio de los sectores productivos.