El discurso gubernamental, la narrativa oficial para no desentonar, presume que el Paquete Fiscal 2022, recién aprobado por la Cámara de Diputados esta semana que termina, no tiene nuevos impuestos, con lo cual se manda un mensaje favorable a la población.
Sin embargo, esta Ley de Ingresos que aún deberá ser revisada y aprobada por el Senado de la República, tiene una fuerte intención de aumentar la recaudación de los impuestos que ya existían o agregar a sectores que no habían sido incluidos. Se percibe una urgencia de recaudar más ante la realidad que muchos percibimos de que no hay recursos para atender las necesidades básicas de la población.
Así se ha aprobado, por ejemplo, la obligatoriedad de los jóvenes mayores de 18 años para inscribirse al Registro Federal de Causantes aún sin tener actividades económicas. Y la limitación de la deducibilidad de ingresos por donaciones a no más del 15 por ciento para empresas y organizaciones sociales.
Destaca también la eliminación del régimen de pequeños productores Agrícolas, Ganaderos y Pescadores (AGAPES) que exentaba de impuestos a aquellos cuyos ingresos eran de hasta un millón 300 mil pesos anuales y que ahora solo se considera hasta 900 mil, quedando el resto en el régimen de confianza donde pagarán de 2 a 4 por ciento.
Todos estamos obligados a pagar impuestos porque sabemos que es la única forma de tener los recursos que requiere la atención de las necesidades básicas de servicios públicos para la población y de atender las necesidades de la infraestructura pública y las acciones de fomento para el desarrollo nacional.
Lo que a varios sectores inquieta, es la falta de consideración de factores como el COVID, las sequías y fenómenos naturales, y la falta de apoyos para reactivar la economía afectada por estas incidencias que ha provocado una severa descapitalización de las familias como no se había visto en varias décadas. Preocupa también como se define el gasto nacional, estatal y municipal, como se definen las prioridades cuando la planeación ha sido abandonada, reduciendo las decisiones a caprichos, modas y ocurrencias.
También preocupa la falta de apoyos al fomento productivo por la excesiva transferencia de recursos para programas sociales que no tienen ningún impacto en revertir la pobreza más que en contenerla. Y aun así, se reporta ya en cifras oficiales que el número de pobres se ha incrementado en los últimos tres años en cerca de 4 millones.
La población de jóvenes entre 15 y 29 años en México, es de 30.7 millones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2018. Diversos estudios indican que 8 de cada 10 jóvenes carecen de educación financiera y los dos que sí la tienen la obtuvieron por la vía familiar. Es una tarea pendiente del sistema educativo nacional. Es una tarea que la escuela no ha hecho y una grave falta de políticas públicas.
En México, los pequeños productores del campo con superficies menores a 5 hectáreas que no registran ingresos, suman 1.2 millones de Unidades Productivas (UP), es decir el 22 por ciento, y los que registraron ingresos de hasta 17 mil 205 pesos anuales son 3 millones de UP, corresponden al 51 por ciento, los cuales hacen un total de 4,2 millones, es decir el 73 por ciento de la pirámide productiva nacional agroalimentaria, según Laure Delalande y Nataly Hernández, México Social 2018, con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
De acuerdo, en 2022 no hay nuevos impuestos, lo que si hay es una intención de mayor recaudación apretando aún más a los que, por diversos factores, ya venían siendo apretados en su economía.
Los jóvenes necesitan de mayores apoyos para emprendimientos, apoyos para su formación como líderes en países desarrollados, estancias profesionales, créditos para desarrollar actividades económicas desde antes de egresar y crear un abanico de oportunidades que les permitan ayudar a sus familias, comunidades y regiones.
Y los pequeños productores necesitan apoyos verdaderos, insumos, equipos, tecnología, servicios técnicos para elevar su productividad, adoptar procesos sustentables, infraestructura de acopio y transformación para hacer volúmenes que les permita vender mejor. No es función del gobierno hacer nuevos productores ni decir lo que deben hacer. Su función es apoyar a quienes ya son productores, fortalecerlos para lograr mayores impactos económicos y así integrar a otros o mostrarles el camino a su propio desarrollo.
Lo que se espera del Paquete Fiscal 2022 es que el Senado corrija lo que a la sociedad afectaría de quedar así y que el Presupuesto próximo a aprobarse sea en verdad un instrumento para generar bienestar y riqueza nacional.