Desde 2019 PepsiCo decidió invertir 80 mil millones de pesos para renovar y actualizar su red logística en el país. El leviatán multinacional, dueña de portafolios como botanas Sabritas, avenas Quaker, galletas Gamesa, y todas las bebidas carbonatadas asociadas, tiene en México su segundo mayor mercado, tan solo detrás de Estados Unidos.
En una inversión espejo se decidió invertir entre Cd. Obregón, Sonora, y Huejotzingo, $3.4 mil millones de pesos para construir modernísimos centros de logística. Puebla por su ubicación estratégica atenderá el centro y sureste del país, mientras que la otra procurará al mercado de exportación y el noreste.
Asegurados al menos 310 puestos de trabajo, con un aplaudido 50% de mujeres (habrá que ver en qué puestos), este proyecto fue elogiado por la secretaria de economía, Olivia Salomón, como por el gobernador Barbosa.
Qué todos los productos PepsiCo, menos el agua, tengan al menos un hexágono de advertencia nutricional y sean uno de los principales facilitadores de la obesidad mexicana es peccata minuta.
En la misma medida parece olvidado el affaire Bonafont en J.C. Bonilla. Con la planta embotelladora expropiada las sentencias de los movimientos sociales son claras, no permitirán más instalaciones de proyectos industriales, inmobiliarios o extractivistas en la zona de los volcanes.
PepsiCo es dueña de E-pura, que con Ciel (Coca-Cola) y Bonafont (Danone), controlan el 82% del mercado embotellado de agua purificada en México.
El conglomerado norteamericano tiene el cuarto permiso industrial más grande de Puebla municipio, usando poco más de la mitad del mayor empleador privado de la entidad, Volkswagen.
¿Qué nos hace pensar que la nueva planta, a menos de 15 minutos de la hoy desahuciada Bonafont, no va a correr el mismo destino? De esa empresa dependían 600 familias.
La toma de la hoy llamada Casa de los Pueblos sufrió la indiferencia de todos los actores involucrados, sin embargo, hoy las condiciones son distintas.
Ambas secretarías de gobernación, estatal y federal, tienen nuevos con rumbos con la llegada de Adán Augusto y la salida de Ardelio Vargas, respectivamente.
La CONAGUA tuvo relevo en su titularidad desde junio, pero en la práctica Germán Martínez Santoyo tiene menos de dos meses operando con libertad. Su delegación en Puebla se renovó con la designación de Beatriz Torres Trucios, exfuncionaria probada en temas hídricos en el ayuntamiento de Puebla.
Observaremos su colaboración con el director Martínez, quien tuvo el yerro de equivocar su apellido durante el nombramiento, así como con el gobierno del estado. No obstante, la relación con el estado no puede ser peor que con la removida Patricia Osnaya.
El temor de un fuego innecesario en vísperas electorales, la responsabilidad del socavón, así como la mala leche entre todos los actores, podrían ser cosas del pasado, pero no podemos olvidar el origen hiper local del conflicto.
En enero del año pasado 244 personas, de 15 mil habitantes, decidieron por sus pistolas ignorar el sistema electoral y destituir al alcalde auxiliar electo de Santa María Zacatepec, junta auxiliar de J.C. Bonilla donde se encuentra el socavón y la planta Bonafont.
José Leovino Nicolás Cinto Tepale fue electo como alcalde mayor por una ficticia personalidad colectiva de pueblo indígena, opuesta a lo que la ley marca sobre usos y costumbres. Esta violación tumultuaria a la autodeterminación legislada se encuentra en revisión en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El derecho al agua es universal y constitucional, y la ley es muy clara sobre quién deberá atender las necesidades de los habitantes, los municipios. ¿Veremos al señor alcalde mayor tomándole las instalaciones a su familiar, el presidente electo PAN-PRD Pepe Cinto, al no atender las demandas de agua?
Si le dicen que la toma de Bonafont no es asunto de gobernabilidad y política, pregunte cuál dedo quieren que se chupe.
