Mucho se ha hablado de la aprehensión de Francisco N., quien es Auditor Superior del Estado y que está suspendido.
La explicación sin darle muchas vueltas, es que presuntamente se volvió millonario de la noche a la mañana.
Así de simple.
Lo demás es querer politizar el asunto, para que no se realice el procedimiento legal en su contra ante las bases que se tienen.
Lo cierto, es que al parecer sino tuviera cola que le pisen, simplemente no se le pisaría.
Se le ha encontrado una serie de irregularidades supuestamente cometidas durante su cargo de titular en la Auditoria Superior del Estado (ASE), lo que ha llevado a su detención, aparte de sus problemas intrafamiliares.
Dicen que ya se tiene bien sustentada la aprehensión y ahora su proceso lo pasará en prisión.
Incluso se dice que ya hay pruebas suficientes de que cobró cuotas, moches, comisiones o como quieran llamarle en auditorías externas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que investiga un presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.
También aparentemente se descubrió que inscribió a sus cuates en el padrón de despachos avalados para realizar auditorías externas.
Se dice que hay por lo menos 87 despachos externos autorizados por la ASE para ejecutar auditorías, pero sólo nueve pudieron concretar contratos con 42 entes públicos para la revisión de sus cuentas.
Para que pudieran mantenerse en el registro, el año pasado se modificó la convocatoria y se quitó como parte de los requisitos, que las firmas contarán con licencia de funcionamiento.
Cinco por lo menos, fueron inscritos en el padrón pese a no cumplir con la convocatoria.
Y serían de cuates, como como José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo Castillo, presuntamente amigos personales del ahora detenido.
Además, algunos despachos reportaron el mismo domicilio fiscal en Puebla y con números telefónicos de Quintana Roo.
Presuntamente también fueron beneficiadas las auditoras Grupo Jus S.C., con representante legal a Diego Rodríguez Cruz; Maldonado Jurado Asociados S.C., de Juan Manuel Maldonado Calderón y Soluciones Profesionales Modernas S.C., representado por Antonio Sánchez López.
Las entidades públicas pagaron un total de 43 millones 173 mil pesos a los despachos contratados.
Se dice que presuntamente la comisión o moche cobrado fue del 20% o cerca de 7 millones de pesos.
Dicen que aún están jalando el hilo de la madeja, por lo que las investigaciones aún no terminan en la ruta del dinero y hay muchos preocupados.
Ya el juez lo determinará.
Ah, además pesa la acusación del maltrato familiar en medio del alcohol. Pero esa denuncia es otro tema.
Lo cierto es que el caso está muy lejos de ser político y aún falta mucho por saberse.
Tiempo al tiempo.
