El plazo se cumplió y las mexicanas y mexicanos no votaron como lo esperaba el que, desde el poder, promovió el proceso de revocación de mandato, suplantando ese derecho que la constitución le reconoce a las y los ciudadanos cuando le han perdido la confianza al presidente de la república.
A pesar de todos los recursos públicos utilizados para la contratación de espectaculares, vallas, pinta de bardas, pago a los siervos de la nación para la promoción de la participación y la escandalosa movilización pagada el domingo para votar, el resultado no fue el esperado.
Apenas 15 millones de votos, que representan el 17 % de participación ciudadana, de los cuales, muchos fueron llevados y obligados a marcar la segunda opción en la boleta, es decir: “que siga en la presidencia de la república”. El 91 % de esos 15 millones votó por esta opción.
Ante este escenario, no me quedaba la menor duda que el presidente sería el primero en festejar que fue un ejercicio histórico en donde el “pueblo bueno”, millones de ciudadanos decidieron que siguiera en la presidencia.
El presidente ganó su consulta y sabemos que dirigirá sus baterías para desacreditar a todos aquellos que no votamos el domingo.
Ya está desacreditando a la autoridad electoral, y su declaración en contra de los consejeros electorales es inadmisible. Su fracaso no debe endosárselo al INE. El INE cumplió con la organización del proceso.
El proceso de revocación de mandato nació viciado, el presidente permitió que se violara la ley y la constitución, solapó que los funcionarios públicos, incluido el secretario de gobernación, su jefa de gobierno de CDMX, gobernadores, legisladores y militantes de morena, participaran obligadamente en la promoción del proceso, sabedores de que estaban violando la ley y la constitución.
Por mi parte, dos días después del ejercicio, asumo el compromiso de iniciar, de inmediato, la revisión legislativa de la Ley Federal de Revocación de Mandato para que los excesos, errores y desenfrenos en que incurrió el gobierno, no vuelvan a suceder en el futuro.
Revisaremos el tipo de elección que debe organizarse, el rol que debe jugar el presidente sometido a revocación y el rol que deben jugar las y los gobernadores y el resto de los funcionarios públicos.
Buscaremos establecer las bases para que en el Congreso no limitemos los recursos necesarios para la organización del proceso y fijaremos con claridad el régimen de sanciones y de responsabilidades que deberán aplicarse.
No permitiremos que el trabajo mal hecho de la mayoría de MORENA se quede en la ley.