El presidente ha mandado a la cámara de diputados su tan anunciada reforma electoral que, de entrada, recibió el rechazo de amplios sectores de la sociedad y por supuesto, de los partidos de oposición.

Desde que el presidente hizo el anuncio, unos meses antes que la iba a presentar y cual era el sentido de la propuesta, las voces se alzaron para alertar del peligro que esto representaba para la democracia mexicana.

Pero las alertas se intensificaron por los personajes que hicieron la presentación, el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez y el titular de aduanas, Horacio Duarte. ¿Será que, en sus áreas de competencia, no tienen nada que hacer?

Después de hacer un análisis de la iniciativa, debe quedar claro que no puedo acompañar la propuesta por lo menos por tres razones.

Primero, pone en riesgo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, al proponer que el método de selección de consejeros electorales sea, a propuesta de los tres poderes de la unión, electos el primer domingo de agosto del año que corresponda, por seis años y sin derecho a la reelección.

Segundo, pone en riesgo la actividad de los partidos políticos al proponer recortarles el financiamiento público para actividades ordinarias, para que sean las personas físicas las que puedan aportar para el sostenimiento de sus actividades, lo que, presentado por Pablo Gómez, pone en riesgo a las personas físicas que aporten a los partidos de oposición, dado que todo ingreso tiene que ser identificable.

Tercero, pone en riesgo la salud de la democracia al permitir las aportaciones de personas físicas, sin darle mayores atribuciones al INE para evitar que el dinero de la delincuencia organizada sea la diferencia en la vida de los partidos y en los resultados electorales.

Mi impresión es que la iniciativa fue presentada como un distractor más para no hablar de lo sustantivo, de los problemas por los que atraviesa nuestro país y que muy hábilmente en el discurso incorpora la eliminación de los legisladores plurinominales, aunque en el cuerpo de la iniciativa, eso no se proponga como tal.

La conclusión será que la culpa de que la reforma electoral no alcance la mayoría calificada será, en la concepción del presidente, su partido morena y sus aliados, de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama por no querer perder lo que él llama sus “privilegios”; será la culpa de los partidos de oposición, a los que señalará de que no quisieron abaratar la democracia con el fin de conservar el millonario apoyo que se les da; será la culpa de la sociedad civil organizada a la que calificará de conservadores, y por supuesto, será la culpa de las diputadas y diputados que votaremos en contra, a los que nuevamente se nos acusará de traidores a la patria.

No nos preocupa y no permitiremos que se intente convocar a un periodo extraordinario de sesiones del congreso de la unión, para intentar aprobar esa propuesta.

Lo que nos importa es que el gobierno ya le de la cara a los problemas que nos afectan a las y los mexicanos, que se resuelvan los problemas de inseguridad, de salud y de crecimiento económico, dejando atrás ese discurso de polarización que en nada ayuda a la convivencia armónica.