Que los deudores alimentarios deben ser sancionados y presionados para cumplir con sus obligaciones, como propone en esencia la Ley Sabina, nadie tiene duda.  

Sin embargo, nuestros diputados locales están empeñados en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corrija la plana y los exhiba una vez más. Si no fuera así, cómo explican que quieran aprobar una ley que justamente cae en la inconstitucionalidad.  

A todos nos indigna la irresponsabilidad de un padre o una madre que no cumple con las obligaciones hacia sus hijos, pero eso no implica que los diputados y las diputadas legislen con base en ocurrencias y sobre las rodillas. 

Por muy noble que sea la esencia de la Ley Sabina, pareciera que nuestros diputados locales están empeñados en subirse a la moda de la inconstitucionalidad y repetir el yerro, tal como lo hicieron los federales con el Plan B, aprobándolo, aunque sabían que terminaría en la SCJN.

La Ley Sabina, designada así por ser el nombre que lleva la hija de Diana Luz Vázquez, quien impulsa la propuesta en el país, incluye 40 reformas a los códigos civiles y penales de los estados, para garantizar que ningún padre o madre se hagan de la vista gorda con los gastos de manutención de sus hijos.  

Y como medidas para “apretar” a los deudores alimentarios se proponen una serie de puntos como la inscripción en un padrón público, ese es uno de los temas que podría ser rechazado por la SCJN.

Recordemos que recientemente el máximo tribunal del país declaró como inconstitucional que fuera público el registro de agresores sexuales de la Ciudad de México. El argumento principal de los magistrados fue que ese listado sería contrario al derecho a la protección de datos personales, presunción de inocencia y además, generaba un estigma.

En el caso de los deudores alimentarios existe una Ejecutoria del Amparo en Revisión RC-14/2019, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde también se indica que este listado vulnera los derechos de la dignidad humana, al honor y a la privacidad.

De ahí que el llamado es nuevamente al presidente del Congreso de Puebla, a los titulares de las comisiones involucradas y a los diputados en general, para que de verdad hagan leyes que beneficien a las mujeres y salvaguarden los derechos de los menores.

De poco o nada sirve que aprueben una ley que publiciten en redes y se saquen la foto, si a la hora de la verdad cualquier amparo termina por convertirla en ley muerta.  

Sí, se necesitan y urgen leyes que obliguen a padres y madres a cumplir con recursos económicos para que sus hijos puedan comer, tener un techo, asistir al médico y a la escuela; precisamente por ello es indignante que nuestros diputados se suban a un tren en lugar de ponerse a trabajar.  

¿Harán la tarea o simplemente dejarán que la corriente los arrastre?

Veremos y diremos.