Cuando usted lea o escuche argumentos de la 4T y los lopezobradoristas justificando la desaparición de los siete órganos autónomos porque presuntamente representan gastos excesivos en la administración pública federal, no se deje engañar.

Es importante recordar que gracias al INAI se descubrió el enorme desfalco que se cometió en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Un fraude por más de 15 mil millones de pesos cometido a través de la simulación de compra de azúcar y otros productos de la canasta básica.

Repito la cifra, 15 mil millones de pesos hasta donde se pudo conocer en 2023, antes de que el gobierno federal reservara por cinco años la información del grupo intersecretarial, que se creó, ex profeso, para investigar el daño a la hacienda pública.

Con esos 15 mil millones de pesos se pagarían, por varios años, los fideicomisos. Y es sólo un descubrimiento.

Habría que ver cuántas investigaciones más podrían resultar en casos similares que le permitirían al gobierno de López Obrador, si realmente fuese la intención, acabar o al menos inhibir la corrupción.

Ahora que, si los argumentos y las pruebas no bastan, sería bueno que usted se pregunte, en dónde está el interés de desaparecer a un instituto que tiene entre sus principales tareas la de transparentar el ejercicio público.

Recientemente el INAI ordenó a la Financiera del Bienestar, mejor conocida como Banco del Bienestar, publicar la información del número de personas que recibieron remesas y de las operaciones relacionadas, desglosadas por municipio, entidad federativa y monto. También deberá reportar detalles como: el lugar de origen de las remesas recibidas, monto y número de operaciones.

Conocer el número de personas, montos y ubicación de remesas recibidas, se lo aseguro, podría ser escandaloso. Las hipótesis serían: por presunto lavado de dinero o recursos enviados desde el extranjero a México, sin aparentemente una transacción lícita.

¿Entendemos ahora cuál es el verdadero interés del gobierno de AMLO por asfixiar y matar al INAI?

Ese es sólo un ejemplo de las razones, muchas, que tiene Andrés Manuel para desaparecer a los órganos autónomos. El cuento de que se requieren muchos recursos para su operación es sólo eso, un cuento.

En el Coneval, por ejemplo, la medición de la pobreza, por más que cambiaron de metodologías y hasta dejaron de incluir factores en la pobreza multidimensional, no pudieron entregarle al presidente las cifras de reducción de pobreza que él deseaba.

Es obvio, los mexicanos hoy tenemos un poder adquisitivo menor que antes. Las becas y los apoyos sociales que se entregan no han resuelto las carencias y mucho menos garantizado el estado del bienestar.

En esta misma columna hemos hablado varias veces de lo costoso que hoy resulta para cualquier mexicano enfermarse. La falta de médicos, gasas, citas, estudios, operaciones y tratamientos, en el sector público de salud, golpea terriblemente los bolsillos de cualquier familia.

No hay pensión universal ni beca de madre soltera que permita sortear una enfermedad, que en muchos casos se pudo prevenir con una vacuna o con una atención primaria.

Lo peor del escenario es que eliminar a estos siete organismos autónomos no hará que las malas condiciones que tenemos en México desaparezcan, por el contrario, si no podemos medirlas, menos podremos mejorarlas.

De ahí el dicho: estábamos mejor, cuando estábamos peor.