La Secretaría de Educación Pública (SEP) dejará de ser el gran negocio de los tecnócratas.

Solo hay que recordar la Estafa Maestra, uno de los casos más emblemáticos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto.

En el gobierno del exgobernador fallecido, Rafael Moreno Valle, universidades públicas y privadas asentadas en Puebla, participaron de esta trama, que consistía en asignarles recursos del Estado, para que a través de distintas maniobras, lo regresarán a particulares, que se beneficiaron de ello.

Así lo aseveró en su momento el exgobernador finado, Miguel Barbosa.

Así de grave y discrecional era el manejo de recursos, entre complicidades peñistas y morenovallistas.

Tecnócratas finalmente.

Por lo tanto, desde la llegada de la llamada Cuarta Transformación (4T) se necesitaba un viraje.

Este cambio o combate contra la corrupción continuará, incluso tal vez más fuerte que nunca en el armentismo.

Así se espera la llegada de Manuel Viveros Narciso a la SEP estatal, quien conoce las entrañas de la docencia en Puebla.

Conoce simplemente de dónde cojea la educación en la entidad.

Es licenciado en Educación Media en el Área de Ciencias Naturales por la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla.

Además, cuenta con estudios de Maestría en Desarrollo Educativo y Maestría en Educación con especialidad en Docencia.

Participó en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) como secretario general de la delegación sindical y Secretario de Trabajos y Conflictos de Educación Indígena.

Incluso los actuales dirigentes magisteriales de las secciones 52 y 23 del SNTE en Puebla, ya le dieron espaldarazo.

José Luis González, de la sección 23, mencionó que le dio la bienvenida al sector y Alfredo Gómez Palacios de la sección 51, resaltó que la decisión del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, fue seleccionar a un cuadro que proviene de la educación indígena.

En la llamada Estafa Maestra, se sabe que se desviaron más de 7 mil millones de pesos que debían llegar a la población mexicana que más lo necesitaba.

Entre 2013 y 2014, el fraude fue mediante un esquema en el que once dependencias gubernamentales canalizaron a dichas instituciones educativas.

Las universidades otorgaron contratos fraudulentos a empresas para desviar los fondos, de los cuales 3 mil 433 millones fueron entregados a empresas fantasma y mil millones fueron usados como comisiones para las universidades.

A diez años de distancia, no hay detenidos.

Ahora, todo parece indicar que por lo menos en Puebla, este tipo de “negocios” y complicidades se frenarán.

Tiempo al tiempo.