La idea de “convertir” a los Notarios Públicos en servidores públicos es aberrante, principalmente porque dejará sin protección jurídica a quienes escrituran, hacen un testamento o constituyen una empresa.

Por poner sólo un ejemplo, pensemos que el gobierno requiere el predio en donde está ubicada su casa habitación. Le hace una oferta para indemnizarlo, usted no está conforme con el precio y se niega. A los dos días podría salir un documento con “fe pública” en el que se asegure que ese predio o no es de usted o ya lo cedió amablemente al propio gobierno.

¿Qué notario del Bienestar estará dispuesto a negarse a los caprichos de las autoridades, si son ellas quienes le pagan su salario y deciden si continúa como burócrata o se va?

Hoy los notarios son profesionales del Derecho, investidos de la fe pública por el Estado, que brindan seguridad jurídica y certeza en actos y hechos, manteniendo imparcialidad y autonomía en sus decisiones.

Sin duda, que los menos, tendrán algunos comportamientos reprochables y que otros habrán llegado a sus notarías como pago de favores, esos casos se pueden revisar, pero de ahí a hacer una reforma que atente contra todos y los rebaje a simples escribanos hay un mundo de diferencia.

Los notarios del Bienestar son un escalón más para seguir desmantelando el sistema jurídico mexicano. El fiscal es un empleado del presidente. El Poder Judicial está deshecho. El Legislativo tiene una sobrerrepresentación. Van por la desaparición de los órganos autónomos. Militarizan la Guardia Nacional. Y ahora van con los notarios.

¿Van a escoger a los fedatarios como lo piensan hacer con los jueces, olvidando que se requiere gente experta y respetada para dar fé pública?

La venganza que heredará AMLO

Y si a estas alturas usted se pregunta, qué impulsa a López Obrador a dejar este pendiente a su sucesora, le cuento.

Fue en abril de este año, al calor de las campañas electorales, cuando Claudia Sheinbaum presentó uno de los ejes de su proyecto de gobierno, el de combate a la corrupción.

A la par de anunciar la creación de una Agencia Federal Anticorrupción que dependa directamente de la propia Sheinbaum, Javier Corral, en su calidad de coordinador del plan “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, adelantó una serie de ajustes y regulaciones para los notarios públicos.

En ese momento la propuesta de revisar las actuaciones de los notarios públicos, así como los costos de sus servicios, pareció uno más de los puntos del día, sin embargo, dos semanas después, AMLO encontró el pretexto perfecto para saciar una añeja afrenta.

El caso del desafuero, que nos remite a cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal y que lo tuvo cerca de pisar la cárcel por desacato, fue políticamente capitalizado por López Obrador.

Ese mismo caso, el del Paraje de San Juan, se convirtió en una venganza más por cobrar.

“Apareció un dueño del terreno, intervinieron notarios falsificando la escritura, participaron ministerios públicos, jueces, magistrados, hasta que el caso llegó a la SCJN y ya me emplazaron a que tenía que pagar los mil 810 millones de pesos”, respondió AMLO cuando se le preguntó su opinión sobre los notarios.

¿Así o más claro?