Cientos de negocios vieron severamente dañadas sus ventas este fin de semana debido a la imposición de la llamada Ley Seca.
La medida que aplicó durante 48 horas en toda la capital y los lugares donde se realizaron plebiscitos para renovar las 656 juntas auxiliares del estado generó un daño importante a la economía de tiendas, restaurantes, bares y hasta hoteles y baños públicos.
Si ya resulta arcaico y absurdo aplicar esta ley cuando se realizan elecciones constitucionales, lo es más cuando se trata de votaciones perfectamente focalizadas.
Los conatos de violencia de anoche demostraron que dejar sin ventas a quienes mueven gran parte de su economía los fines de semana, no evitarán la quema de boletas, los disturbios o los robos de urnas. Eso se combate con prevención y cultura cívica, no quebrando negocios.
Una parte importante de los restauranteros y empresarios afines padecen la llamada cuesta de enero. La venta de bebidas alcohólicas, durante los fines de semana, les permite sobrellevar los gastos corrientes como sueldos, renta, impuestos y muchos más.
De ahí que la Ley Seca termina por secar sus finanzas y generar una pérdida importante, incluso me atrevo a decir que toda la utilidad del mes.
Elecciones pasan y pasan y los gobiernos se niegan a comprender que esta no es la medida ni la solución a los conflictos electorales.
Es urgente que se reformen las leyes, al menos de nuestro estado, para que en los siguientes años, los comicios no terminen por quebrar a los negocios.
En el entendido de que las reformas electorales no se pueden aplicar cuando ha comenzado un proceso, les tengo la mala noticia que en marzo, el penúltimo fin de semana, también se repetirá la Ley Seca, ahora en los cuatro ayuntamientos que tendrán nuevamente elecciones: Venustiano Carranza, Chignahuapan, Xiutetelco y Ayotoxco de Guerrero.
¿Los diputados acabarán con la absurda Ley Seca?
Veremos y diremos.
Guerra entre Petro y Trump
Este fin de semana se desató un intercambio de decretos entre Colombia y Estados Unidos, que iniciaron cuando el país centroamericano le negó el descenso a un par de aviones gringos que transportaban a deportados.
En enfrentamiento, por la política migratoria del presidente de Estados Unidos, avanzó al grado que el país de las barras y las estrellas anunció que impondría aranceles del 25 por ciento a los productos colombianos. En la tierra del café no se quedaron atrás. Gustavo Petro habló de impuestos aduaneros del 50 por ciento.
En el enfrentamiento, las visas también salieron a relucir. Trump dijo que anularía las de los funcionarios del gobierno colombiano y claro, recibió la misma respuesta.
Horas después la diplomacia se impuso. Colombia anunció que mandará su avión presidencial para trasladar de Estados Unidos a su país a todos los migrantes ilegales colombianos que detenga el gobierno de Trump. Los aranceles y la cancelación de visas, fueron “pospuestos” por la administración norteamericana.
Esta es la tónica en la que se maneja el presidente Trump. Ha puesto sus cartas sobre la mesa: aranceles y visados vs deportados.
¿El caso Colombia será ejemplo o arrebato?
