José Martín Romero Montes, el hombre de 65 años que fue severamente lesionado en el desalojo de Chalchihuapan en 2014 falleció. La noticia revelada por Yadira Llaven reportera de La Jornada de Oriente, por sí sola trágica, se envuelve en un manto de impunidad e injusticia social.

El 9 de julio de 2014 los reflectores se centraron primero en el violento desalojo de los pobladores de Chalchihuapan, después en conocer la salud del menor José Luis Tehuatlie quien tras 10 días fue declarado muerto. Sin embargo, Martín Romero Montes y sus familiares también recuerdan esa fecha porque comenzaron un calvario. 

Una bala de goma, de esas que el gobierno morenovallista negó que se utilizaron bajo el amparo de la #LeyBala, impactó contra la mandíbula de José Martín Romero causándole severos daños en el cachete, la lengua, los dientes, parte de la quijada y las cuerdas bucales.

El daño fue tal, que durante 7 meses Martín Romero no pudo expresar palabra alguna ni siquiera para presentar su testimonio ante las autoridades y requirió de cuatro intervenciones quirúrgicas, dos placas y cuatro tornillos, para tratar de recomponer su voz y la mandíbula.

La atención médica para Martín Romero no fue expedita ni gratuita, su familia compuesta por 5 hijos y 25 nietos, costeó traslados, atenciones médicas, radiografías, medicamentos y hasta las operaciones, tan solo en los 4 procedimientos gastaron cerca de 300 mil pesos.

Mientras atendían los daños causados por el proyectil, a Martín Romero le diagnosticaron diabetes, sus familiares sostienen que la enfermedad se le desencadenó, junto con algunos cuadros de depresión, tras la agresión.

Es cierto que a Martín Romero, el gobierno estatal le entregó una primera indemnización por 300 mil pesos y después una ampliación por 100 mil pesos más pero el dinero llegó tarde, meses después de que el agraviado tuvo que invertir grandes sumas económicas en atender los males que no se buscó.

Las disculpas públicas ordenadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo la recomendación 2VG/2014 también fueron regateadas por el gobierno de Moreno Valle, en una segunda ocasión, en marzo de 2016, tanto Martín Romero como Elia Tamayo rechazaron la secreta reunión en la que se “disculparía” el gobierno con las víctimas de Chalchihuapan.

La recomendación de la CNDH contempla en uno de los 11 puntos, que el gobierno de Rafael Moreno Valle debió crear un fideicomiso para la reparación del daño causado a las víctimas del desalojo en la autopista Puebla-Atlixco. La administración estatal destinó solo 4 millones de pesos para repartir entre 14 personas.

En resumen, el gobierno de Moreno Valle actuó con total mezquindad. Primero negó el uso de proyectiles, después evitó ofrecer atención médica y psicológica, el pago de la mísera indemnización llegó después de que Martín Romero costeó su recuperación y las disculpas públicas ni siquiera fueron realizadas como se debían.