Cinco días después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 54/2016 al gobernador Rafael Moreno Valle en donde se le pedía que garantizara el derecho a la salud en Puebla, tras la negligencia que le costó la vida a una bebé en Cuetzalan en agosto de 2014, un licenciado que sólo se identificó con el nombre de Luis y que dijo que venía de la Contraloría estatal, intentó detener las denuncias por las fallas médicas a cambio de 20 mil pesos. 

La revelación es parte de las declaraciones que ha realizado ante la prensa Stephanie Márquez Fuentes tanto el pasado viernes en la Ciudad de México, como este martes en Puebla Capital. 

Márquez Fuentes, al igual que su esposo, han sido víctimas de hostigamiento en su propio domicilio, incluso relataron que en la oferta estatal recibieron un “trato degradante” - lo cual, les revictimiza-.  Agregó que rechazó el dinero ofrecido porque el problema de fondo no es de recurso económico, sino la exigencia de la reparación integral del daño.

Los representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), también exigieron que el gobierno morenovallista cese las acciones de hostigamiento a la familia afectada, a los activistas que acompañan el caso y que repare el daño tal como lo estipula la recomendación 54/2016 emitida en noviembre pasado por la CNDH. 

Stephanie Márquez, acompañada de activistas de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN), ha contado una y otra vez su historia. Las cinco veces que llegó y salió del Hospital General de Cuetzalan el 19 de agosto de 2014, así como las fallas médicas en cada uno de sus ingresos al nosocomio que culminaron con la muerte de su bebé horas después de que ésta nació tras padecer Sufrimiento Fetal Agudo e ingerir materia fecal. 

Los cinco puntos 

En la recomendación 54/2016 se incluyen 5 puntos como parte de las acciones que se requieren tanto para reparar el daño como para evitar que se repita la tragedia en otro caso. El primero de ellos exige que se inscriba a los padres de la recién nacida que perdió la vida, al Registro Estatal de Víctimas de Puebla, que corre a cargo de la Comisión Estatal de Víctimas de Puebla (organismo inexistente), a fin de que tengan acceso, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

El segundo se refiere a las Medidas de rehabilitación que consisten en atención médica y psicológica a los padres de la recién nacida que perdió la vida, la cual deberá ser gratuita, inmediata, en un lugar accesible, por el tiempo necesario e incluir la provisión de medicamentos.

En tercer lugar están las llamadas Medidas de satisfacción, donde las autoridades deberán colaborar con el Organismo Nacional de Derechos Humanos, en el trámite de la queja que se presentó en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla. Así como en la investigación administrativa, en contra de quien conoció el caso en el Estado y determinó “no ha lugar a iniciar procedimiento de determinación de responsabilidad en contra del personal médico adscrito al Hospital General de Cuetzalan”. También respecto a la denuncia penal que se presente ante la Fiscalía Estatal para que se realicen las investigaciones sobre el caso.

El cuarto punto habla de las Garantías de no repetición para lo cual se exigen dos cursos de capacitación en el Hospital General de Cuetzalan en materia de derechos humanos de las mujeres y la niñez; así como que se tomen las medidas necesarias para contar con la infraestructura necesaria y el personal especializado suficiente en el área de ginecología, así como insumos adecuados y suficientes.

Finalmente, el punto cinco se refiere a la indemnización, la cual deberá otorgarse a los padres de la recién nacida que perdió la vida. Se deberá considerar en particular que se trató de hechos que constituyeron violación a los derechos a la vida y a la salud, por lo que debe ser una reparación reforzada por las condiciones de discriminación y vulnerabilidad, ya que las víctimas fueron una mujer y una menor de edad.

No es el único caso

El Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) en el estado de Puebla, ha documentado desde 2012 "que en el estado de Puebla hace falta personal médico capacitado, infraestructura hospitalaria, laboratorios y medicamentos, lo cual imposibilita atender y resolver la demanda de salud de la población poblana”.

Detallaron que específicamente, en el Hospital General de Cuetzalan del Progreso, “las deficiencias antes señaladas han sido denunciadas de manera reiterada por MIOCUP – CNPA MN y por la población en general, orillándonos a realizar incluso manifestaciones hacia el hospital para que la población reciba atención médica adecuada, a pesar de que el Hospital General de Cuetzalan del Progreso ha sido reinaugurado hasta en tres ocasiones, sigue faltando personal capacitado, sigue habiendo un servicio deficiente, hace falta laboratorio para análisis razón por la cual envían a la gente a que se los haga en otros lugares, hace falta medicamentos y prácticamente es como si fuera un elefante blanco”.

Estas denuncias han generado que los activistas de ambas agrupaciones sean señalados de alarmistas, mentirosos e irresponsables, pese a los múltiples casos de deficiencias en materia de salud que padecen los pobladores de la Sierra Norte, relataron.  

El caso de Stephanie Márquez se suma a otros como el que dio origen a la recomendación 58/2016 luego que en Pahuatlán otra mujer embarazada también perdió a su hija recién nacida por negligencia médica y falta de ambulancia.

De esta forma, el estado de Puebla se posiciona como el segundo del país con más recomendaciones de la CNDH por violencia obstétrica. Acumula tres casos de 2015 a 2017, “ello en sí, debe ser preocupante para el Gobierno del estado, porque lamentablemente siguen apareciendo casos similares en diversos municipios de la entidad”, señalaron los activistas.

  Recomendación 54/2016 de la CNDH al gobernador Rafael Moreno Valle by Intolerancia Diario on Scribd


 
El calvario 

De acuerdo con la relatoría de los hechos el pasado 19 de agosto de 2014, Stephanie Márquez Fuentes, de 21 años, acudió al Hospital General de Cuetzalan alrededor de las 15:30 horas, aunque ya presentaba líquido vaginal, los médicos sólo le recomendaron hacerse un ultrasonido (que pagó de su bolsa en una clínica particular pese a que tenía Seguro Popular) y la mandaron a su casa.

Horas más tarde, regresó al nosocomio, otro médico la examinó y le pidió volver en 10 días, cuando estaba programado el parto. Los dolores aumentaron y a las 4 de la mañana del 20 de agosto regresó. Le practicaron otro ultrasonido y la mandaron de nuevo a su casa. A las 12 horas volvió al nosocomio, ya tenía dilatación, pero los médicos de nuevo le pidieron que regresara más tarde. Retornó a las 15 horas, pero la atendieron hasta las 16:20. 

La bebé nació, no pudo verla, las enfermeras le dijeron que su hija enfermó porque ingirió meconio –heces fecales-. 24 horas después de su último ingreso al hospital, le informaron que su hija había muerto.

Las exigencias

Los representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) exigieron que el gobierno morenovallista cese las acciones de hostigamiento a la familia afectada, a los activistas que acompañan el caso y que repare el daño tal como lo estipula la recomendación 54/2016 emitida en noviembre pasado por la CNDH.