Integrantes de la LXIII Legislatura de Tlaxcala, aprobaron por mayoría de votos en la sesión extraordinaria de este jueves, la comparecencia ante el Congreso del Estado, del magistrado presidente del Poder Judicial de Tlaxcala, Fernando Bernal Salazar. Los legisladores locales acordaron que la comparecencia se realizará en sesión privada a desarrollarse este viernes 9 de julio a las 10:30 horas, en las instalaciones del Recinto Legislativo.

El encuentro será con el propósito de que el magistrado presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tlaxcala, rinda informe con toda veracidad, sobre cinco temas fundamentales relacionados con el ejercicio de su función.

Los dos primeros temas tienen que ver con la admisión a trámite de dos demandas de juicio de Protección Constitucional: el primero en contra de diversos actos emitidos por el Congreso del Estado respecto de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y el segundo, para que el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, se mantuviera en el cargo.

En ambos casos, el pleno del Congreso del Estado consideró que dichas demandas son, de acuerdo a lo que establece la Ley de Control Constitucional, notoriamente improcedentes, pero, además, señalaron que al otorgar dicha suspensión de los actos reclamados, se entorpecieron los procedimientos y por tanto, la ejecución de los actos soberanos del Congreso del Estado, generando a la par, incertidumbre e inestabilidad en las instituciones del estado, concretamente la parálisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El tercer punto a abordar en la comparecencia, es la omisión del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por informar a quien corresponda, sobre el delito de ejercicio indebido del servicio público de Leonel Ramírez Zamora, quien actualmente funge como integrante del Consejo de la Judicatura sin haber cumplido en el momento de su nombramiento, con los requisitos establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este caso, los legisladores locales expusieron que el magistrado Bernal Salazar omitió hacer del conocimiento del Ppleno del Tribunal Superior de Justicia, del propio titular del Ejecutivo del Estado, y dar vista de ello al Consejo de la Judicatura, a la Contraloría del Poder Judicial e incluso al Ministerio Público para los efectos correspondientes, que Leonel Ramírez no contaba con cédula profesional con una antigüedad de 10 años, como lo establece los ordenamientos antes referidos.

De la misma manera explicaron en la sesión extraordinaria, que la designación de Ramírez Zamora como Consejero de la Judicatura, por parte del Titular del Ejecutivo del Estado,  vulneró lo establecido en los artículos 95, fracción III y 116, fracción III, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 83, fracción III y 85 fracción V de la Constitución Política del Estado, y los numerales 4 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

El cuarto punto a abordar tiene que ver con la violación a diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el impacto negativo a las finanzas del Poder Judicial, a partir del incremento del incremento desproporcionado de la plantilla de trabajadores del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala después del incremento de la partida al capítulo 1000, de servicios personales.

El acuerdo avalado por mayoría de votos refiere que, como presidente del Poder Judicial, permitió la contratación de más de 120 personas, algunas de ellas en plazas de nueva creación, con lo que hubo un aumento entre los ejercicios 2020 y 2021, de entre el 12 y el 12.5 por ciento en dicho capítulo.

Lo anterior, añadieron, contraviene el principio de austeridad y distrae recursos que resultan ser indispensables para dotar de recursos materiales a todas las áreas jurisdiccionales, por ejemplo, del equipo necesario para el debido desahogo de diligencias en materia familiar, tales como salas lúdicas para el desarrollo de juntas con protocolo familiar con la asistencia de profesionales en las áreas de psicología y trabajo social, entre otros requerimientos cuya carencia, ha sido evidenciada en diversos medios de comunicación, por parte de las activistas Yeni Charrez Carlos y Félix Pozos Palafox.

El quinto punto que se abordará la mañana de este viernes en la sede del Palacio Legislativo, está relacionado con un presunto abuso de funciones y acto de corrupción por el nombramiento o contratación indebida del Juez Alejandro Pereda Vega.

Los legisladores evidenciaron que el Consejo de la Judicatura del Estado, realizó la designación de Alejandro Pereda Vega como Juez “temporal” en el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Morelos (Tlaxco), en contravención a la carrera judicial, sin respetar las plazas que se concursaron y ganaron de manera legal por parte de juezas que se encuentran en espera de ser adscritas.

De la misma manera señalaron que el nombramiento “hecho a modo”, no cuenta con fundamento que lo avale en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y a quien incluso, se le ha señalado públicamente en fechas recientes por su falta de pericia, perfil e idoneidad en la función judicial en perjuicio de los justiciables.