Al considerar su comparecencia ante el Congreso del Estado como “histórica”, el presidente del Poder Judicial en Tlaxcala, Fernando Bernal Salazar, señaló que para ejercer el derecho de información y transparentar cuentas públicas, dio cumplimiento a la cita ante los legisladores locales.

Fue este viernes cuando el Congreso de Tlaxcala llamó a comparecer de manera privada al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El titular de TSJE señaló que no hubo preguntas extras, considerando haber aclarado cada punto de forma tranquila.

Entre los temas que debió abordar estuvieron haber emitido jurisprudencia contra determinaciones del Congreso respecto de la designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia; Mario de Jesús Giménez Martínez y Rebeca Xicohténcatl Corona, quienes se inconformaron con el proceso de selección para ocupar el cargo que dejarían vacante.

De acuerdo con el titular del Poder Judicial, los amparos de ambos magistrados fueron aceptados, dando a conocer este hecho al Congreso y, con ello, respetando todos los derechos de forma legal.

En el segundo tema, referente al expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, señaló que el Congreso intervino para que se dejara sin efecto de suspensión ante el amparo que también habría presentado, continuando así con  el trámite que sigue el procedimiento constitucional.

En el tercer punto fue la omisión por informar sobre el delito de ejercicio indebido del servicio público de Leonel Ramírez Zamora, señalando que no es facultad del suscrito pronunciarse sobre la capacidad del nombramiento del consejero, en razón de que su designación fue una facultad ejercida legalmente por el Ejecutivo del estado.

El cuarto punto fue la supuesta asignación de espacios laborales de manera ilegal y la indebida creación de 120 plazas laborales, declarando que la información es totalmente falsa y los recursos extraordinarios que llegaron al Poder Judicial se destinaron para el pago de laudos laborales, cuyo monto aproximado fue de 3.5 millones de pesos.

Finalmente, sobre el nombramiento del Alejandro Pereda Vega, en el juzgado de lo civil y familiar,  donde se encuentra acusado de presunto abuso de funciones y actos de corrupción, señaló que no ha sido instalado de manera definitiva debido a que terminando su periodo el juez titular se incorpora en su lugar, debido a que pidió ausencia por enfermedad.