El diputado local panista José Gilberto Temoltzin Martínez, presentó la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo proponiendo la reducción de facultades de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.
Ejemplificó que en estados como Colima, Baja California Sur, Nayarit y Campeche, cuya población es menor en comparación con Tlaxcala, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los Congresos organizan en dos comisiones, en tres para el caso de Campeche, mientras Tlaxcala en una sola.
Gilberto Temoltzin, señaló que se plantea una reforma a la Ley Orgánica para alcanzar un estándar de mayor calidad y eficiencia en el desempeño de la labor legislativa, mediante la división de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en tres nuevas comisiones.
“Con la finalidad de que las competencias que eran protestad de una sola comisión sean distribuidas en tres que se especialicen en los asuntos que son de su competencia”.
Las facultades
El panista declaró que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le corresponderá conocer de las de reformas y derogaciones a la Constitución y la expedición, de las mismas; de 18 facultades, se reduciría a 9, principalmente en materia legislativa.
Con respecto a la creación de la Comisión de Justicia y la creación de la Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos: la primera tendrá como principal función conocer de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, donde se quedaría con 5 responsabilidades en total; sería la encargada de nombramientos, licencias y renuncias de los magistrados del Poder Judicial y del nombramiento del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre otros.
La segunda atenderá las solicitudes de permisión que formule el Ejecutivo del estado o los ayuntamientos, por lo que le corresponderán 8 atribuciones en total y sería encargada de los conflictos políticos que surjan al interior de los ayuntamientos.
