La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIV Legislatura, Marcela González Castillo, presentó ante el Pleno del Congreso la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala.

La congresista recalcó que es un derecho fundamental el gozar de un medio ambiente sano, razón por la cual busca que este sea reconocido y se protejan los recursos naturales, a través de la gobernanza ambiental y la coordinación social.

En la máxima tribuna del Estado, la diputada puntualizó que de manera general la expedición de la iniciativa contempla la abrogación de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que data de 1994 y ha perdido vigencia para las necesidades actuales de la sociedad.

De igual manera, dijo, que la propuesta contempla la reducción de productos altamente contaminantes, a fin de aminorar de manera gradual el uso y producción de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel; y que deberán de dejarse de utilizar entre el 2023 y 2024.

Asimismo, los Ayuntamientos, poderes del Estado, instituciones y entes gubernamentales deberán adecuar sus reglamentos para la implementación de las medidas normativas que contempla la iniciativa, al igual habrán de elaborar y colaborar en programas técnico ambientales para afrontar el cambio climático.

Cabe recalcar que la propuesta de la normativa estipula las atribuciones y obligaciones de la recientemente aprobada Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y de las funciones que se le otorgan, además de las presentadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala a la Secretaría de Medio Ambiente.

También la legisladora Marcela González recalcó que se faculta a los municipios para inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las acciones normativas, y a su vez puedan sancionar de manera administrativa y económica a quien no cumpla con la reglamentación en la materia.

De esta manera, la asambleísta plantea establecer un marco legal que priorice el cuidado del medio ambiente y se establezcan las facultades que deban asumir las autoridades para procurar su cumplimiento.