Encontrar la ruta del dinero para descubrir y confirmar el desvío de recursos y el lavado con el cual se ha financiado la campaña del Señor de Los Cerros es un tema de simple voluntad para el Instituto Nacional Electoral.

No hay más que pedir una investigación a la PGR para que se solicite a las empresas que publicaron la propaganda del gobernador y con ello iniciar el recorrido que llevará a Casa Puebla.

Lo que Intolerancia Diario hizo, utilizando la propia información de la revista TvNotas, nos llevó a descubrir que Bullying Media, SA de CV, es una importadora que nada tiene que ver con temas publicitarios.

Posteriormente, la lista publicada en el Twitter de El Heraldo de Puebla reveló que Bullying Media es una empresa proveedora del gobierno del estado, confirmando la triangulación de millonarias cantidades de dinero para la promoción del gobernador poblano.

Si esa investigación periodística, con las limitaciones naturales que tenemos por no tener acceso a datos oficiales, logró encontrar una de las ligas entre un proveedor del gobierno con la campaña presidencial de Moreno Valle, imagínese lo que la PGR y la Secretaría de Hacienda podrían descubrir si hubiera voluntad suficiente para respaldar las fundadas sospechas del INE.

En este caso, el instituto debe solicitar la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que cuenta con la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros.

A su vez, ésta se coordina con el SAT y con la Procuraduría Fiscal, quienes llevan la investigación cuando hay servidores públicos de los que se presume el uso indebido del erario.

En esta lógica, las dependencias podrán solicitar a las televisoras, radiodifusoras, empresas de espectaculares, revistas y agencias de publicidad, el nombre de las firmas que les contrataron la publicidad de Moreno Valle.

Con esa información, el SAT puede seguir los movimientos financieros de razones sociales como Bullying Media para conocer la procedencia de los recursos con los cuales se contrataron las campañas morenovallistas.

Evidentemente este rastreo es un tema de mera rutina para la Unidad Especializada, la cual es la misma que investigó el enriquecimiento ilícito de Javier Duarte en Veracruz y Guillermo Padrés en Sonora.

Si existe interés y voluntad de la PGR para respaldar la petición del INE, no duden ustedes que la ruta del dinero tiene como meta final la Casona de Los Fuertes.

¿Entrarán a fondo el INE, la PGR, el SAT y la Procuraduría Fiscal?

Veremos y diremos.