Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han procesado a alguno de los elementos a su cargo por presuntas violaciones a los derechos humanos, vinculadas con el operativo realizado en Palmarito Tochapan, comunidad de Quecholac, el 3 de mayo, mismo que derivó en enfrentamientos contra ladrones de combustible. 

Así coincidieron tanto el comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, Raúl Gámez Segovia, e información solicitada por Intolerancia Diario, mediante la Ley de Transparencia.


La Sedena en respuesta a la solicitud 700089017, realizada por Intolerancia Diario, señaló que del 2016 al 15 de mayo de 2017 no ha consignado ni está investigando a elementos de las Fuerzas Armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos.

“Del 2016 al 15 de mayo de 2017, esta secretaría no ha consignado ni está investigando elementos de las Fuerzas Armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos”, se subrayó en el documento.

Detalló que esto en razón de que desde abril de 2012 por la resolución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde existe la premisa que ante situaciones que los vulneren en civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.

Lo que sí reconoció la dependencia federal es que tiene el registro de cuatro efectivos muertos en los enfrentamientos contra llamados huachicoleros en dos enfrentamientos en Palmarito Tochapan.

“Se hace de su conocimiento que únicamente se cuenta con la información de personas detenidas y fallecidas en el estado de Puebla en el periodo que refiere contenida en los comunicados de prensa emitidos por esta secretaría”, se apuntó.

Además, informó que de 2016 al 15 de mayo de este año se ha decomisado 1 millón 21 mil 703 litros de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex), entre diésel y gasolinas.

Informó en el documento firmado por el general Francisco Justo Toscano Camacho, que se han asegurado 1 mil 640 vehículos desde 2016, siendo 935 de ellos en apenas los primeros cinco meses de este año.

Lavado de manos

En breve entrevista, el comandante de la XXV Zona Militar, general brigadier Raúl Gámez Segovia, deslindó a sus elementos de estar vinculados en los hechos.

La refriega aconteció el pasado 3 de mayo en dicha comunidad, ubicada a una hora de la capital de Puebla, donde murieron 10 personas, entre ellas, un menor, una mujer y 4 militares.

A casi 2 meses, Gámez Segovia, sostuvo que no podía dar información que indaga la PGR. Al respecto, apuntó que los militares que intervinieron no son de su división. 

“Eso lo llevan las autoridades judiciales militares y de la Procuraduría General de la República”, declaró.

–¿Son de su corporación?–, se le preguntó.

–No, no son de mi corporación–.

–¿Los que participaron en el operativo de Palmarito Tochapan?–

–No– sentenció al dirigirse a su camioneta cuando era cuestionado por la prensa al salir de una reunión de seguridad en Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Indagatorias

Datos de la PGR señala que se investiga a 30 integrantes de la Sedena que participaron en los enfrentamientos, por posibles irregularidades de tipo grave en que pudieron haber incurrido.

Pero ninguno, incluido el que habría disparado, se encuentra por ahora detenido ni suspendido de sus funciones, subrayaron fuentes federales.

Se informó que los militares indagados por la justicia civil pertenecen tanto a un Batallón de Infantería como a uno de Policía Militar.

Incluso, la PGR tiene en su poder el video original de los incidentes, grabado por un circuito de cámaras instalado en la zona de la refriega que servía como mecanismo de vigilancia instalado por el crimen organizado.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado (FGE) consignó a nueve civiles que fueron detenidos luego del intercambio de balas. 

Todos fueron acusados de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa agravado y delitos cometidos contra servidores públicos.

Sin pruebas 

El pasado 11 de junio, Intolerancia Diario informó que un juez federal ordenó liberar, bajo las reservas de ley, al sargento “José”, militar a quien se le acusó de, aparentemente, ejecutar a un presunto huachicolero la noche del 3 de mayo durante el enfrentamiento que se registró en Palmarito Tochapan.

La resolución del magistrado de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, fue con base en que la Procuraduría General de la República (PGR) no ofreció un dictamen de balística que lograra vincular el arma de cargo del soldado con el homicidio.

Entrevistadas por Reforma, fuentes del Poder Judicial de la Federación (PJF) relataron que en la primera audiencia que se celebró el miércoles 7 de junio en el Centro de Justicia Penal, el juez también valoró la falta de acusaciones directas de otros testigos en contra del sargento, así como lo indeleble de las grabaciones publicadas en redes sociales.