La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla presentó una queja en contra del proceso de Eduardo Rivera Pérez ante el Juzgado Tercero de Distrito, por lo que este suspendió el juicio de amparo 943/2017 y la audiencia que se realizaría el 23 de agosto, sin embargo, el nombre del expresidente municipal continuará sin aparecer en la lista de funcionarios inhabilitados.

La queja fue promovida por la dirección jurídica de la ASE de Puebla ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el expediente 167/2017, en contra del acuerdo del 13 de julio emitido dentro del juicio de amparo 943/2017 que tomó el Juez Tercero de Distrito de Materia de Juicio de Amparo Civil y Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales.

Conforme al proceso,  el Juzgado Tercero de Distrito señaló que el Congreso local, el auditor David Villanueva Lomelí y el secretario de la Contraloría, José Villagrana Robles, “no han rendido sus respectivos informes justificados”, respecto al embargo en contra de Rivera Pérez, por lo que dio un plazo de tres días siguientes a su notificación para que remitan al juzgado federal fotocopias certificadas, legibles, debidamente foliadas, rubricadas y entre selladas, de las constancias relacionadas con el embargo, pues son necesarias para resolver el juicio de amparo. Además, solicitó al exedil precisar los bienes inmuebles incautados, así como señalar a las autoridades que ejecutaron la acción.

Asimismo, no se han hecho públicos los detalles de la queja interpuesta por la ASE de Puebla respecto al juicio 943/2017 con el que Rivera Pérez logró que el juez federal ordenará la no inscripción de su nombre en el  Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos Sancionados, pues el Congreso de Puebla y la ASE le impusieron una inhabilitación por 12 años, decisión que sigue firme.

En el acuerdo que tomó el Juez Tercero de Distrito el pasado 8 de agosto, se señala que  “se suspende el procedimiento” y se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las 9:20 de la mañana del 23 de agosto próximo, en tanto se resuelve el recurso de queja 167/2017 que promovió la Dirección General Jurídica de la ASE, área a cargo de Homero Ancheita del Río.

Rivera Pérez emprendió el primer juicio de amparo 553/2017 en marzo pasado, en el que se inconformó por los plazos en los que el Congreso y la ASE resolvieron el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por su cuenta pública 2013, derivando en una sanción por 25.5 millones de pesos y la inhabilitación por 12 años.

El pasado 30 de junio el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil determinó suspender la inhabilitación aprobada en contra de Eduardo Rivera Pérez por el Congreso del Estado, por lo que el nombre del expresidente municipal no aparecería en el Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, de acuerdo con el listado de acuerdos del  Consejo de la Judicatura en el amparo 943/2017. 

La autoridad judicial aceptó el recurso legal promovido por el exmunícipe por la inhabilitación por 12 años y una multa de 25.5 millones de pesos por una serie de presuntas irregularidades cometidas en su cuenta pública 2013.

"Se concede la suspensión definitiva solicitada por Eduardo Rivera Pérez, respecto de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables”.

Las fuentes señalaron que ésta resolución solamente corresponde a uno de los dos juicios que inició Rivera Pérez en contra de las acciones del Congreso de Puebla debido que sigue pendiente el amparo 553/2017 en contra de la falta de información por parte de la Auditoría Superior Del Estado (ASE) sobre el estatus de la revisión de su cuenta pública.