Un fuerte revés recibió el fiscal, Víctor Carrancá Bourget, al ser exonerados veinte pobladores de Atzitzihuacán detenidos en 2014. Tras cuatro años de litigio y argucias legales, en diciembre pasado les llegó la liberación total, a pesar de que el Ministerio Público a cargo, ahora de la Fiscalía General del Estado (FGE), apeló la sentencia del juez penal.

Los pobladores de Atzitzihuacán, fueron acusados por ataques a las vías de comunicación y lesiones, pero a lo largo de este tiempo, no pudieron acreditar los ilícitos. En entrevista para Intolerancia Diario, la abogada de los acusados, Mayra Sánchez Sarmiento, explicó que todo el proceso se dio en medio de artimañas jurídicas para alargarlo.

Recordó que los detenidos sólo estuvieron en prisión durante dos semanas y salieron bajo caución por el pago de alrededor 15 mil pesos. Pero, aunque estaban en libertad, durante los casi cuatro años del proceso, vivieron bajo presión y la zozobra de ser recluidos nuevamente.

Sin embargo, en octubre pasado el juez penal de Atlixco los absolvió, lo que no dejó conforme a la FGE, por lo que apeló ante las autoridades judiciales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras una revisión del caso, confirmó la sentencia del juzgado de Atlixco, exonerándolos de cualquier culpa. Ahora los afectados considerarían interponer una demanda por daño moral contra la FGE. 

Crónica de la aprehensión 

El 6 de febrero de 2014, los detenidos realizaron un bloqueo en la carretera Siglo XXI, en el kilómetro 34+700. La manifestación fue por la inconformidad por los resultados de las pasadas elecciones, en las que Maricela Ramos Jiménez obtuvo el triunfo a la presidencia municipal.

En el sitio se constituyeron elementos de la Policía Estatal Preventiva, con la finalidad de liberar la vialidad, donde supuestamente hubo un enfrentamiento. Posteriormente, los manifestantes fueron invitados a la sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG), donde mediante engaño, les dijeron que iban a negociar.

Pero en lugar de una mesa de pláticas, encontraron a elementos de la Policía Ministerial, quienes les aplicaron la orden de aprehensión en la misma sede oficial. El entonces procurador, Víctor Carrancá Bourget, aseguró que las detenciones se hicieron en flagrancia y por eso los acusados fueron trasladados ante el Ministerio Público.

Insistió en que los campesinos bloquearon la vialidad, además de agredir a elementos de la Policía Estatal, y por esas razones se les fincaron los ilícitos referidos. En febrero de 2014, salieron los detenidos tras pagar una fianza de más de 15 mil pesos.

La parte acusadora declaró que alrededor de 15 granaderos fueron agredidos con palos, piedras y objetos peligrosos por parte de los detenidos. Durante el proceso, los defensores aportaron pruebas respaldadas con un video grabado el día y la hora referida por los uniformados.

En el mismo se muestra que no eran 15 sino alrededor de unos 400 granaderos quienes haciendo sonar sus toletes y escudos arribaron al punto en cuestión, sin que se registrara ninguno de los hechos declarados.

Tres días después de la aprehensión de 20 pobladores, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ), informó oficialmente sobre la situación jurídica. Los aprehendidos fueron acusados del delito de ataques a las vías de comunicación y cometidos contra funcionarios públicos.

“Una vez que la autoridad ministerial tomó conocimiento del hecho, realizó las diligencias e indagatorias correspondientes, a través de las cuales acreditó los ilícitos”, afirmó la dependencia.

Una de las 20 personas también fue consignada por lesiones, en tanto que tres del mismo grupo por portación de arma e instrumento prohibido.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDE), inició una queja contra la Policía Estatal por la detención de los 20 pobladores.

Sin embargo, nunca se informó de las investigaciones del organismo presidido por Adolfo López Badillo, ni emitieron ninguna recomendación, simplemente se dio carpetazo al asunto.

Incluso, la CDH Puebla, no ha compartido una sola recomendación en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desde hace cuatro años, a pesar de quejas como el caso señalado.