La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) impulsará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea un pago de favores y no por su preparación y experiencia profesional, e indicó que se reconocerá la carrera en el poder judicial.

El coordinador del grupo legislativo, Carlos Alberto Morales Álvarez, dijo que en la Junta de Gobierno y Coordinación Política puso sobre la mesa esta propuesta para homologar el ordenamiento local con el federal donde en el caso de ministros y magistrados se pide que cuenten con una carrera en el poder judicial a fin de desempeñar un mejor papel.

Carlos Alberto Morales comentó solamente así se brindará la certeza a los abogados que el proceso de designación de los integrantes del TSJ llegarán al cargo por su experiencia y no solo por su relación con el mandatario estatal.

El legislador rechazó que esta iniciativa de reforma esté dirigida para algún personaje en particular y reiteró que su origen está sustentado en la necesidad de contar con expertos en la impartición de justicia que garanticen un trabajo eficiente.

Durante la administración de Rafael Moreno Valle se nombraron a Roberto Flores Toledano, Roberto Grajales Espina, Israel Mancilla Amaro como magistrados del TSJ por la estrecha relación que guardaron con el mandatario estatal en turno.
 
Piden informe de la licencia de Israel Mancilla

En tanto en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, por mayoría de votos, los diputados integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LX Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron el punto de acuerdo para solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez rinda un informe detallado de la autorización de la licencia superior a 30 días otorgada al magistrado Raymundo Israel Mancilla Amaro, permiso que habría sido utilizado para apoyar la campaña de la ex candidata de la alianza por “Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso Hidalgo.

La diputada María del Carmen Cabrera Camacho, presidenta de este órgano colegiado, explicó que esta solicitud al Poder Judicial, se hace con la finalidad de poder indagar, cuáles fueron los motivos que fundamentaron esta licencia al magistrado Mancilla Amaro, toda vez que de los documentos que obran en el Poder Legislativo, se determina que la ausencia del funcionario, no está motivada, tanto en el procedimiento del permiso, como en la propia solicitud.

En la exposición de motivos, afirmó que la solicitud de licencia de Mancilla Amaro incumple con las disposiciones de Ley, puesto que el pleno del Tribunal Superior de Justicia, se excedió en sus facultades, toda vez que las licencias de más de 30 días, corresponden otorgarlas al Congreso del Estado, como tendría que haber sido el caso, donde el permiso fue por un término de 31 días.

Del mismo modo, explicó que en el acuerdo en donde se otorga la licencia, incumple con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que toda licencia deberá expresarse por escrito y explicando las razones que motivan esta solicitud, lo cual tampoco consta por parte del magistrado Mancilla Amaro.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Gabriel Biestro Medinilla, exhibió que entre el 4 de junio y el 4 de julio, median un total de 31 días, por lo tanto, la licencia debió haber sido otorgada por la LIX Legislatura del Congreso del Estado, es decir, la solicitud del informe detallado por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, está debidamente fundamentada.

Por su parte el diputado Marcelo García Almaguer, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, manifestó su preocupación por la forma en que fue aprobado este dictamen, pues sostuvo que la misma solicitud está llena de calificativos por razones de orden partidista.

En su intervención, la diputada Rocío García Olmedo, coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, quien aprobó con su voto esta resolución, pidió diversas adecuaciones en la presentación del proyecto del dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, y cuya discusión y aprobación, será sometida ante el Pleno durante la sesión del miércoles 21 de noviembre.