Desde San Lázaro, diputados federales exigen un nuevo estudio ambiental y la cancelación de los proyectos mineros que se realizan en la Sierra Norte del estado de Puebla. La exigencia legislativa plantea que con el nuevo estudio técnico se le consulte y participen los habitantes de la Sierra Nororiental de Puebla.
Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en San Lázaro demandaron que se cree una comisión especial. Dicha comisión valorará las concesiones otorgadas durante los últimos 12 años, por el grave deterioro ecológico y las violaciones a los derechos humanos y al patrimonio de las comunidades de Puebla.
La propuesta fue presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano Zuleyma Huidobro González, legisladora plurinominal por Puebla, y el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de este grupo legislativo. Los diputados señalan que las concesiones otorgadas —cerca de mil 527.89 hectáreas— en municipios como Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec afectan a los pobladores.
“La amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, así como la latente explotación de gas por parte de empresas petroleras y la privatización de sus sistemas de distribución de agua, los cuales indudablemente ponen en riesgo la salud y el patrimonio de las comunidades”.
Las autoridades han negado que hayan dado la autorización para los proyectos mineros, pero la página web del Sistema de Administración Minera, dependiente de la Secretaría de Economía, señala que se han otorgado dos concesiones a nombre de la Compañía Minera Autlán SA de CV, y una a Minas de Santa Martha SA, que juntas abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso y del municipio de Tlatlauquitepec, con más de mil 527.89 hectáreas aproximadamente”.
En dicha zona se recargan los mantos acuíferos de Cuetzalan. En su exposición de motivos, los diputados Zuleyma Huidobro González y Ricardo Monreal Ávila reconocen la importancia de la minería como actividad productiva: “La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, se practica desde la época prehispánica y fue fuente de la expansión regional desde la Colonia.
Ha estado presente en el desarrollo del país como un factor importante de modernización, así como en la generación de innumerables beneficios en los diversos campos de la sociedad.
”Sin embargo, la estrecha relación costo-beneficio, auspiciada por las anteriores administraciones, han dejado muy pocos dividendos para la nación mexicana, pero inmensas ganancias para unos cuantos grupos corporativos de la industria minera, que al mero estilo neo porfirista se han incrustado en las altas esferas del gobierno para asegurar la protección de sus intereses capitalistas, dándole un trato predador a nuestro país”.
En el mismo sentido, el punto de acuerdo legislativo señala que las condiciones actuales de desarrollo de la minería en nuestro país son nocivas: “Actualmente las condiciones de la industria minera en México, producen efectos mucho más nocivos en el aspecto ambiental y de justicia social, que beneficios para los mexicanos, muestra de ello son las innumerables reclamaciones de los ciudadanos de diversas comunidades, ejidos, pueblos o municipios, que ven con tristeza el grado de corrupción e impunidad en el que se encuentran, cuando caen en cuenta que las mineras reciben el respaldo de los tres órdenes de gobierno.
”La imperante actitud entreguista, que protege los intereses de los grandes capitalistas, a menudo produce impactos ambientales negativos sobre el aire, suelos, aguas, cultivos, flora fauna, en la salud de los habitantes de las comunidades y en el peor de los casos la erradicación de poblaciones completas.
”La Ley Minera y su reglamento, no permea el espíritu consagrado en los artículos 25 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, muy por el contrario, empapados dichos ordenamientos de una visión de corte liberal, pondera el uso de la tierra para la exploración, explotación y beneficio de las sustancias y recursos minerales, sobre el derecho preferencial de las comunidades, ejidos y pueblos a disfrutar de los mismos , en el contexto de respeto a su entorno socioeconómico y de disfrute de un medio ambiente sostenible”.
Los diputados advierten sobre el riesgo que corre la zona norte del estado de Puebla con explotaciones mineras: “Desafortunadamente la legislación en la materia, actúa como un auténtico rodillo que vulnera la reivindicación de la propiedad social, el reconocimiento de la composición étnicamente pluricultural de la nación, y los derechos de los grupos más vulnerables.
”Ejemplo de ello, es la amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la sierra nororiental del estado de Puebla, así como la latente explotación de gas por parte de empresas petroleras y la privatización de sus sistemas de distribución de agua, los cuales indudablemente ponen en riesgo la salud y el patrimonio de las comunidades.
”La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana en su artículo 4o., establece los principios rectores del cuidado al medio ambiente, el cual reza de la siguiente manera:
”Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
La ley señala el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
”Ante esta situación, no sólo se viola de manera flagrante los derechos de las personas a contar con un medio ambiente sano y a la salud, sino también a la libre determinación de los pueblos indígenas, al hacer caso omiso al reclamo justificado de hombres y mujeres representantes de las comunidades pertenecientes a las ocho juntas auxiliares en su mayoría indígenas, pero también mestizas, “coyomes”, como ahí se les conoce, en el sentido de reafirmar su rechazo a dichos proyectos”.
La bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro evidenció la desinformación ambiental en Puebla: “Al respecto la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado, Daniela Migoya Mastretta negó rotundamente que la concesión de algún tipo de permiso para actividades mineras en la región de Cuetzalan; sin embargo, de acuerdo con la información publicada en la página web del Sistema de Administración Minera dependiente de la Secretaría de Economía, se han otorgado dos concesiones a nombre de la Compañía Minera Autlán, SA de CV, y una a Minas de Santa Martha S. A., que juntas abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso y del municipio de Tlatlauquitepec, con más de mil 527.89 hectáreas aproximadamente”.
Resulta preocupante que las autoridades responsables de velar por el bienestar de los pueblos indígenas permitan la operación de este tipo de empresas que no magnifican la importancia ambiental y social de la zona, al ser un territorio que recarga los mantos acuíferos y donde se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan, además de que es el área que más conserva los reductos del bosque mesófilo de montaña.
La autorización de los proyectos mineros en Puebla afectaría el medio ambiente. Además, no se ha consultado a las comunidades: “De autorizar dichos proyectos, se estaría perpetrando un atraco en contra de municipios, delegaciones o rancherías eminentemente rurales, quienes prácticamente no tienen voz ni voto a la hora de decidir sobre la afectación hecha a sus terrenos, mediante ocupación temporal, el establecimiento de servidumbres o incluso expropiación.
”Atropellando con lo anterior, se encuentran los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, que reivindican la propiedad social, el reconocimiento de la composición étnicamente pluricultural de la nación y la voz en este caso de los comités de agua de las diferentes comunidades del municipio de Cuetzalan”.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano se comprometieron a defender los derechos de los pobladores del municipio de Cuetzalan a un ambiente sano, a la propiedad, a la salud y a una composición étnicamente pluricultural.
“Punto de Acuerdo
”Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del ingeniero Juan José Guerra Abud emita un nuevo estudio técnico-ambiental, en el que participen los pobladores de la sierra nororiental del estado Puebla y en caso de ser negativo ordene la inmediata y futura cancelación de los proyectos mineros e hidroeléctricos en la región, ponderando en todo momento el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a la libre determinación de los pueblos indígenas.
”Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de este honorable Congreso de la Unión, para que se lleve a cabo en los términos del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la instalación de una comisión especial encargada de revisar y regular las concesiones otorgadas a empresas mineras durante los últimos doce años, ante el grave deterioro ecológico y a las reiteradas violaciones a los derechos de los trabajadores mineros en el territorio nacional”.
