A unos días de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de la ONU emita su dictamen sobre la muerte del menor Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, el Congreso del Estado aprobará la iniciativa enviada por el gobernador que contempla Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes.
Jorge Méndez Spínola indicó que se espera que sea entre el 7 y 8 de junio cuando el comité emita el dictamen sobre el caso de Puebla una vez que se había omitido en el informe de México el caso del menor Tlehuatle Tamayo, sin embargo funcionarios de Naciones Unidas demandaron que se incluyera el tema, e incluso se les dio un plazo de 48 horas
Durante el martes en sesión de comisiones unidas, sin aclarar cuáles fueron las modificaciones, los diputados de seis comisiones aprobaron la iniciativa de Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes.
El caso del menor Tlehuatle tomó alcance internacional cuando el 12 de noviembre Elia Tamayo fuera sacada del IV Congreso Mundial por la Defensa de la infancia y la Adolescencia para que no presentara su denuncia ante organismos internacionales.
La acusación de Tamayo Montes fue ratificada por integrantes de otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Mandred Liebel, Ángel Osiel González y por el abogado Mizrahim Hernández, quien acompañó al congreso a Elia Tamayo Montes.
Manfred Liebel es una personalidad intelectual en el campo del derecho de los niños y la explotación laboral. Es profesor universitario en la Universidad Libre de Berlín.
Ángel Osiel González, representante del Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnat), consideró que el no hablar del tema del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo en el encuentro y el pedirles que abandonaran el encuentro por la "parte de atrás" deja mal parado al gobierno de Puebla.  
Ese día del encuentro señalaron "La evaluación es que deja muy mal parado a quienes ayer en la apertura estaban hablando de que eran defensores de los derechos humanos en el país, la participación del gobierno del estado de Puebla en este evento es una obligación moral y ética. No es una dádiva. El colocar recursos que no son del gobernador, sino de los pobladores y de la familia que es víctima, esa condición de ser copartícipe o cofinanciero del evento, no le da derecho a hacer una acción que cualquier otro país en condiciones mucho más adversas es de lo más normal".
Osiel González, del Movimiento Latinoamericano de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnat), aseguró: "Mucha gente del congreso no está enterada. Una de las primeras cuestiones es sensibilizar a las demás que vienen de otros país, que no conocen el caso; es un elemento importante que deja un poco margen de maniobra, pocas posibilidades, sobre todo a quien estamos denunciado es la casa, entre comillas, de quienes estamos denunciando. Eso va a depender".
El representante del Molacnats ratificó la versión de Elia Tamayo, de que fueron sacados del encuentro quienes intercedieron por la señora Tamayo. "Nos sacaron, querían que saliéramos por la puerta trasera. Nosotros en protesta decidimos salir por donde entramos. No sabemos qué va a pasar. El movimiento latinoamericano, México, Bolivia, Venezuela, vamos a hacer del conocimiento de este adolescente, además trabajador e indígena".

 Presumen la ley

Al concluir la sesión de los órganos legislativos,  el diputado Eukid Castañón Herrera (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, precisó que se acordó que será a través de un comunicado de prensa que se informará de las presiones que se hicieron al proyecto que envió el gobernador Rafael Moreno Valle.
La iniciativa de ley ingresó el pasado 21 de mayo al Congreso del Estado, y los diputados tenían hasta el 3 de junio para homologar la normativa con los cambios que el Congreso de la Unión efectúo en 2014.
Las comisiones que aprobaron  por unanimidad la iniciativa de Moreno Valle fueron la de Gobernación y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos, Especial de la Familia, Juventud y Deporte, Igualdad de Género y Grupos Vulnerables.
Dentro de los puntos que destaca está la creación de un Sistema Estatal de Protección Integral,  en el cual se considera la participación de diferentes dependencias, pero no de un representante del poder legislativo.
También está la aparición de una Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que dependerá del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).