El Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, y de Juicios Federales determinó válida la controversia interpuesta por la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez en contra de la resolución de la LIX Legislatura que la inhabilitó por 12 años el pasado 15 de diciembre de 2016.
Durante la sesión ordinaria del pleno, los diputados recibieron la notificación de la sentencia de la controversia constitucional 2/2017, declarando la invalidez del decreto emitido por el Congreso del Estado hace aproximadamente dos años.
El Juzgado Sexto de Distrito determinó inaplicable el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 124/2016.
Durante la sesión del 15 de diciembre de 2016, el Congreso del Estado aprobó la inhabilitación de la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, por 12 años y se pidió la destitución de la funcionaria.
Se precisó que no había una destitución en contra de la presidenta municipal, solo se procedía la inhabilitación que es una figura diferente.
De acuerdo al Congreso del Estado Ernestina Fernández cometió un daño patrimonial por 76 millones 289 mil 516 pesos, y sanción económica por 152 millones 579 mil 032 y en total deberá pagar 228 millones 868 mil 549 pesos.
La entonces presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas en entrevista declaró luego de que la edil también solicitara el amparo de la justicia federal, presuntamente por no ser notificada en tiempo y forma, recordó que el 31 de julio de 2016 el Congreso del Estado aprobó iniciar un proceso de determinación de responsabilidades por no haber solventado la cantidad señalada.
Dijo que el amparo promovido por la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, era un recurso legal que solamente “alargaría su agonía” por no haber atendido y solventado las 66 observaciones realizadas a su cuenta pública, sentenció la diputada presidente de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas.
Rechazó que la presidente municipal no haya sido notificada del pliego de observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por las irregularidades detectadas en su cuenta pública 2014.
