La LXIII Legislatura del Senado  de la República, aprobó por unanimidad en abril de 2017 la Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura; sin embargo, hoy, a 26 meses de distancia y con el cambio de legislatura, la implementación de dicho estatuto sigue pendiente.

La ley contemplaba aumentar hasta a 30 años de cárcel a quien participara o cometiera ese delito; además, exigía a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), contar con la infraestructura para realizar un registro nacional sobre tortura.

Se tortura para obtener confesiones: HRW

De acuerdo con el Informe 2019 sobre los Derechos Humanos en el mundo, de la organización internacional ‘Human Rights Watch’ (HRW), en México “es habitual” que a los detenidos por presuntos delitos, se les torture con la finalidad de obtener confesiones o información.

La tortura se aplica más frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente”, señala el informe.

El documento acusa que, de diciembre de 2012 a enero de 2018 –es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió más de 9 mil investigaciones sobre tortura; sin embargo, señala que la cifra anterior no es la totalidad de los casos de este delito:

Son pocos los casos en los que quienes cometen torturas, son llevados ante la justicia”.

Datos de 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que de las más de 64 mil personas que estaban encarceladas en las 338 prisiones del país, 64 de cada 100 dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física, y denunciaron: haber recibido descargas eléctricas (19%), ser estrangulados (36%), haber recibido puñetazos o patadas (59%) y amenazados con dañar a sus familiares (28%).

Fuerzas armadas en el ojo del huracán

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el período de diciembre de 2012 a enero de 2018, recibió cerca de 4 mil 600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por elementos militares.

Al respecto, el informe de HRW señala: “México ha usado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos”.

Cabe destacar, en junio 2014, la Cámara Baja reformó el Código de Justicia Militar; de esta manera, los abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, deberían ser juzgados ante la justicia penal ordinaria, y no ante el sistema de justicia militar.