La presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso del Estado, Nora Merino Escamilla precisó que la reforma a la Ley del Agua para el Estado de Puebla, prohibirá a las empresas concesionarias del servicio de agua potable que suspendan el suministro por falta de pago a usuarios que consuman menos de 300 litros; pero además, se deberá reconectar el servicio a quienes hayan sido afectados.
En entrevista, la legisladora expuso que la iniciativa que ingresará a la Comisión Permanente, va firmada también por el diputado Gabriel Biestro Medinilla y se busca proteger a los sectores populares que por los incrementos que tuvieron en el servicio, adquirieron deudas con la empresa que para ellos son prácticamente impagables.
Dijo que la modificación es al artículo 6 de la mencionada ley, además de que la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla para Todos”, ya no podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para que pueda realizar el corte del suministro, o bien para realizar embargos.
Insistió en que la mayor parte de los ciudadanos consume menos de 300 litros, e indicó que en otros estados donde ya se ha reformado la ley, se tienen los mismos límites.
Aclaró que donde se consuman más de 300 litros que pueden ser usuarios que tienen alberca, o utilizan el agua para regar jardines, no estarán contemplados en la medida y a ellos si se les podrá suspender el suministro.
Al insistirle de las personas a las que ya se les corto el suministro, dijo que el derecho al agua y saneamiento es un derecho humano universal, y la ley puede ser retroactiva cuando no es en perjuicio de alguien, y la constitución federal.
“Quien haya sido víctima de los cortes al entrar en vigor la ley, será retroactivo y podrá solicitar que se reconecte; además de que se trata de un tema de salud pública, ya que cuando no solamente se detiene el suministro, sino que se corta el drenaje se entra en otro tema”, refirió.
"Desde siempre han existido políticas para aumentar la recaudación respecto al agua inclusive antes de que se concesionara, lo que se tiene que ver es los cobros excesivos de los que todos se quejan, dos ver cómo tiene que mejorar el servicio, la cantidad y la calidad de agua, es estar del lado de los ciudadanos".
Basándose también en la Constitución federal que marca el derecho al agua es para todos los ciudadanos, y por tanto “la ley será retroactiva y cualquiera tendrá derecho a que se le reconozca el servicio, pues se trata también de un asunto de sanidad”.
Indicó que la Comisión permanente tiene más de 50 denuncias públicas que reportan cortes diarios en colonias populares. “Es en la zona conurbada donde más se reportan, pues es donde se dio la privatización del agua y donde se hizo esta concesión”.
Piden que dependencias no sean rehenes
En tanto el diputado Gabriel Biestro Medinilla señaló que en general, se desconoce a fondo la legislación para saber lo que está haciendo la empresa Agua de Puebla, la cual es “un empleado del ayuntamiento”, es el sistema operador, el que tiene que brindar el servicio en la capital.
Respecto a la posibilidad de que la empresa pudiera suspender el suministro al Congreso, indicó que no hay marcha atrás, y las dependencias no pueden ser rehén de concesionaria.
Expuso que hay un gran conflicto de interés en una empresa privada como esta, que tiene intereses privados como tal, que busca la ganancia que es legal, pero que no tiene que ver con un servicio público como lo es el brindar el suministro del agua.
Comentó que la propuesta es estar a favor de que no sea una concesión, sino que sea un servicio público de agua, dado que la empresa Agua de Puebla tiene los mismos problemas que tenía el antiguo sistema operador.
