Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) no responda pese a que cuenta con las listas de e-mail y números de series de los teléfonos móviles decomisados, los 231 equipos se mantendrán en las bodegas de la Secretaría de Gobernación.
El operativo en donde se confiscaron los "celulares" de dudosa procedencia ocurrió el miércoles 20 de marzo previo en las calles del Centro Histórico. En la actividad desarrollada por las fuerzas policiacas de la Federación y Ejército, además con el Grupo de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz (GRUCOPA), se desplegaron dos recorridos más.
Hasta el momento, se han retirado del mercado negro 391 teléfonos, pero 231 continúan en resguardo porque la Fiscalía no ha respondido a la dependencia municipal para conocer los siguientes pasos administrativos a realizar.
Se especificó que del primer operativo se decomisaron 231 teléfonos; del segundo operativo que fue procesado ante Juzgados Calificadores solo 11 piezas y en el tercero la mercancía está en Comercio Exterior del gobierno estatal son 141 artículos más y todos nuevos.
“En otro segundo operativo que fue procesado ante juzgados calificadores, y un tercero cuya mercancía está en comercio exterior del gobierno estatal”.
Después de aprobarse en Cabildo impedir la venta de estas herramientas de comunicación en la vía pública, kioscos y en mercados, el encargado de Gobernación, René Sánchez Galindo, precisó que por norma municipal está prohibida desde este momento, únicamente espera se publiquen algunas especificaciones en el Periódico Oficial del Estado para sancionar a quienes pasen por alto la norma.
Aunque adelantó que la serie de operativos se mantendrá, desconoce cuándo se desarrollarán ni en qué puntos de la ciudad porque cuando se aseguren a los infractores de la ley, será el Juzgado Calificador impondrá una multa económica de hasta ocho mil pesos.
“Los celulares ya están prohibido para venderse en las calles, esperamos que se publique la especificación, pero ya están prohibidos y es una falta administrativa grave; ahora procede que la policía asegure a la persona que está vendiendo, la presenten al juzgado calificador quien podrá interponer una fuerte sanción económica”.
