El aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH), Germán Molina Carrillo, advirtió que la Comisión de Derechos Humanos en Puebla utilizó más recursos para proteger a un gobernador que para cumplir con su verdadera función.
En entrevista, Molina Carrillo señaló que, si se divide el número de quejas interpuestas en 2018, que fueron calificadas así, por presuntas violaciones a derechos humanos, resulta que de las mil 446 que señala el informe de la comisión la atención que el personal del organismo dio a cada una de ellas, tuvo un costo aproximado de $16200 pesos
Precisó que, si se continúa con la revisión de las cifras contenidas en el informe, donde se señala que fueron emitidas en 2018, solo en 16 recomendaciones, casualmente ninguna en contra del gobernador del estado, resulta que si se divide el monto de los recursos ejercidos por el organismo en dicho año, entre las recomendaciones emitidas, cada una tuvo un costo de un millón cuatrocientos sesenta y tres mil pesos aproximadamente, cifra desorbitante.
“Esto nos hace pensar que la tarea de la comisión ha sido, más que proteger los derechos humanos de los ciudadanos, la de salvaguardar a toda costa la imagen de las autoridades, dando el mensaje de que, en Puebla, no existen violaciones a los derechos de los ciudadanos y de que se respeta el estado de derecho”, manifestó.
Dijo que lo anterior confirmaría la hipótesis de que, por la actitud protectora del organismo hacia la labor de las autoridades, las víctimas de violaciones a sus derechos humanos desistieron de su intención de pedir la intervención de la comisión, ya que durante los ocho años de gestión de Adolfo López Badillo, su labor fue la de hacer caso omiso a los casos que debió atender, evitando que trascendieran a la esfera pública y que ello perjudicara al gobierno en turno.
Sostuvo que el informe 2018 deja abiertas muchas interrogantes y dudas sobre el funcionamiento y resultados del trabajo de la CDHE, que debería revisar el Consejo Consultivo del organismo y la Comisión de Derechos Humanos de la LX legislatura para calificarlo, debido a la alta demanda social de los ciudadanos de que Puebla cuente con un organismo que realmente les garantice en su actuar la salvaguarda y protección.
Molina Carrillo indicó que se pide que el organismo esté a la altura de los momentos tan críticos que se viven por el aumento de la violencia e inseguridad, así como de la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que han tomado fuerza en el estado, incrementando el número de víctimas, que demandan se les repare la violación a sus derechos humanos.
Dijo que para 2018, el presupuesto autorizado para su ejercicio fue de $24,969,293.97, teniendo una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración de $3,307,724.91, dando un total de $28,277,018.88, de los cuales según el informe rendido por el expresidente de la Comisión Adolfo López Badillo, solo se gastó $ 23,411,446.31; lo que evidencia que no pudo encontrar la fórmula o los mecanismos para invertir los recursos financieros asignados por el Estado para fortalecer la salvaguarda y respeto a los derechos humanos en Puebla, ya que $4,865,572.57 se quedaron sin ser utilizados.
Posibilidad de presentar iniciativas
Por otra parte, se pronunció a favor de facultar al ombudsman para presentar iniciativas al Congreso del Estado que permitan corregir las lagunas de las leyes en la materia.
Señaló que está a la espera de ser convocado para participar en la etapa de entrevistas en el Congreso del Estado como parte del proceso para elegir al próximo titular de la CDH de Puebla y confió habrá piso parejo para los 25 aspirantes a este cargo que concluirá en noviembre de 2024.
En el plan de trabajo que presentará a los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso está la posibilidad que el ombudsman presente un similar a "la iniciativa preferente" que tiene derecho el presidente de la República para que se pueda ajustar la legislación, destacó.
"Creo que el derecho o prerrogativa que se le daría es muy importante porque le daría a la comisión la posibilidad de marcar deficiencias y corregir situaciones que se estén cometiendo en la aplicación de las leyes a nivel estado y municipios y en el sentir social sería un canal para que las organizaciones civiles tengan un canal o portavoz ante el Congreso".
