A unos días de que sea levantada, de acuerdo con el procedimiento, la Alerta de Género que se declaró en cincuenta municipios, el Ejecutivo estatal cumplirá con las reformas legales que establece la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y quedará tipificada como delito la violencia política de género.

Será el Congreso del Estado el que votará en la sesión del lunes las iniciativas enviadas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, donde se establecen medidas contra el hostigamiento y acoso.

Fueron los integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género quienes aprobaron por unanimidad en lo general, reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, así como el Código Civil y el Código Penal del Estado, enviadas por el Ejecutivo del Estado.

Los legisladores señalaron que el propósito es fortalecer el marco jurídico para enfrentar y revertir la violencia contra las mujeres, con una visión estructural y de mediano plazo en la prevención, atención sanción y erradicación de ésta, en todos sus tipos.

En las iniciativas envidas por el gobernador se precisa que los documentos darán respuesta a las medidas de prevención, seguridad y justicia relacionadas con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 50 municipios de la entidad, que permita garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra, así como evitar la desigualdad producida por el agravio de los derechos humanos.

Las reformas a los ordenamientos legales, tiene los siguientes propósitos:

En Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla se pretende reforzar los principios de igualdad y no discriminación, adecuando el contenido las disposiciones de la Constitución Federal.

Asimismo, se adiciona el término violencia política como una modalidad específica de violencia, estableciendo las facultades de las autoridades para su prevención y atención.

Otras acciones son fortalecer y ampliar las descripciones de las distintas modalidades de violencia contra las mujeres, así como definiciones que antes no existían en la Ley como la de hostigamiento y acoso, así como la actualización de las denominaciones de las Secretarías, conforme a la nueva Ley Orgánica, entre otros.

En lo que respecta a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se refuerzan las medidas de igualdad y avance de las mujeres, eliminando la participación del Instituto Poblano de las Mujeres, para fortalecer y transferir las facultades a la nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva.

Los documentos sostienen la importancia para que la política estatal desarrolle las acciones para alcanzar los objetivos que marca el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, con objetivos y acciones específicas.

Mientras, con relación a la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, se propone incorporar como principio rector de la Ley, el derecho a la reparación del daño, agregar en su glosario las definiciones de abuso de poder, daño grave o amenaza de daño grave, asistencia y protección a las víctimas, informante, ofendido, publicidad ilícita, publicidad engañosa y testigo.

Además, se fortalecen las acciones tendientes a desarrollar la prevención del delito, de trata de personas, para lo cual se contemplan la obligación de coordinación, la implementación de medidas educativas, sociales y culturales, la atención con especial énfasis a las localidades aisladas y zonas urbanas que se hayan identificado como aquellas de mayor incidencia en este delito.

De igual manera la implementación de acciones de asistencia, ayuda alimentaria, campañas de salud, educación, vivienda y demás tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de victimización del delito de trata de personas.

En las reformas al Código Civil y Penal del Estado de Puebla, se establecen modificaciones complementarias a estos códigos en congruencia con las otras reformas y con la política progresiva que este gobierno ha adoptado en materia de igualdad entre hombres y mujeres para la erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres.