La diputada presidente de la Comisión de Equidad e Igualdad de Género, Rocío García Olmedo anunció que las reformas al Código Penal y Civil de Puebla para no criminalizar el aborto y el reconocimiento del matrimonio igualitario nuevamente fueron presentadas al Congreso del Estado, al haberse agotado el plazo legal para su discusión.

En entrevista, dijo que de acuerdo al procedimiento legislativo, entregó nuevamente en la Secretaría General del Poder Legislativo los documentos para modificar el artículo 294 del Código Civil para validar la unión entre personas del mismo sexo y los artículos 342 al 348 del Código Penal para eliminar el castigo a las mujeres que interrumpan su embarazo antes de las 12 semanas.

Argumentó que el motivo por el que no se volvió a ingresar se debe a que estaban por pasar 180 días, vencido este plazo la iniciativa se iba ingresar a la congeladora.

Señaló que esta acción está sustentada ante la negativa de la mayoría de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados para aprobar estas reformas y evitar que ambos temas sean enviados a la congeladora legislativa a pesar que existe un mandato federal para reconocer el matrimonio gay.

“Por supuesto que hay temas que van a polarizar pero aquí somos un Poder Legislativo y hacemos leyes basados en datos científicos, reales y en derechos que debemos ir perfeccionándolos y haciéndolos progresivos como lo marca la Constitución y las personas de la comunidad LGBTTI y más tienen derechos”. 

García Olmedo subrayó que seguirá dando la batalla para lograr el respeto de los derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTI) para unir sus vidas por la vía civil así como de las mujeres  a decidir sobre su cuerpo cuando estén embarazadas.

La iniciativa

El pasado 20 de mayo la coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta la semana 12 de la preñez como se da en la Ciudad de México, además se propone disminuir las penas hacia las mujeres que abortan.

El documento entregado en el  pleno para turnarlo a comisiones cambiará el texto del artículo 339 del Código Penal del Estado que señala - Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

La propuesta que aparece en el documento indica “Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos de este Código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio”.

La legisladora expuso que se trata de terminar con la criminalización que hay hacia las mujeres que abortan en el estado, principalmente quienes lo hacen antes de las 12 semanas de gestación.

Asimismo se amplían las causas para no ser penalizada la práctica, esto en el articulo 343 del código, donde se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto:

I.- Cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada;

II.- Cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de una inseminación artificial a que se refiere el artículo 343 Bis de este Código, independientemente de que exista, o no, causa penal sobre dichos delitos previo al aborto;

III.- Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y

IV.- Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales en el mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada.

Las sanciones

Rocío García Olmedo señalo que el aborto podría sancionarse de manera diferente, pasar de cárcel a trabajo comunitario con la reforma al Código Penal.

De acuerdo con el proyecto de la también presidenta de la comisión de igualdad de género, las féminas quienes lleven a cabo esta acción fuera de las causales permitidas podrían ser amonestadas con 100 y hasta 300 días de trabajo a favor de la comunidad después de las primeras 12 semanas de embarazo.

Insistió en que esta criminalización afecta de manera concreta a las mujeres –generalmente procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva-, condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad.