En los últimos tres años, apenas el 11.58 por ciento del total de resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) han sido en contra de dependencias del gobierno estatal.

Así se revela en un análisis a la respuesta a la solicitud de información 01746619 de Intolerancia Diario sobre el total de resoluciones del organismo garante de la transparencia en Puebla.

Desde enero de 2017 a octubre de 2019, el ITAIPUE ha emitido 751 resoluciones a recursos de revisión de ciudadanos que se quejan por las respuestas a las solicitudes de información.

Del total de resoluciones, apenas 87 han sido en contra de sujetos obligados del poder ejecutivo o dependencias del gobierno estatal, mientras que la gran mayoría o 196 han sido contra ayuntamientos.

Esto significa que el 26.1% del total de las resoluciones han sido en contra de distintos ayuntamientos, más del doble de las contadas contra el poder ejecutivo.

En tanto, el poder judicial apenas tiene en su haber 12 resoluciones o un 1.6 por ciento del total, por mala información entregada y apenas 7 el poder legislativo, el que no alcanza ni un punto porcentual, solo el 0.96%.

El ITAIPUE ha sido severamente criticado en los últimos años, pero sobre todo en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, de ser protectora del poder ejecutivo ante solicitudes de información.

Incluso, el Congreso local eligió en 2016 como integrantes del organismo a Gabriela Sierra Palacios y a Laura Marcela Carcaño Ruiz, vinculadas con el extinto gobierno de Rafael Moreno Valle.

Ambas comisionadas aún fungen en el organismo descentralizado, incluso las dos han ocupado el cargo de presidentas, haciendo a un lado a Carlos German Loeschmann Moreno, aunque le tocaba su turno en 2019.

El análisis

Durante 2017, el primero completado por los actuales comisionados, el ITAIPUE emitió 197 resoluciones en contra de sujetos obligados de todos los poderes.

En ese año, 33 resolutivos fueron a favor de las entidades gubernamentales, dejando al mismo número de ciudadanos sin información solicitada.

Del total de resolutivos, apenas 16 fueron contra dependencias estatales o del poder ejecutivo, un escaso 8.12 por ciento de las 197 resoluciones.

En tanto, aquel año más del doble de resoluciones tuvieron los ayuntamientos, al registrar 38 en contra o un 19.29 por ciento del total.

Para 2018, se registró un incremento en resoluciones u órdenes de entrega de información al emitir 287 sentencias contra distintos sujetos obligados.

Mientras tanto, 39 resoluciones fueron a favor de las entidades gubernamentales, un 13.59 por ciento de los ciudadanos que hicieron solicitudes de información, no las obtuvieron.

Sin embargo, apenas el 13.59% de las resoluciones fueron en contra de dependencias del poder ejecutivo, al registrar solo 39 de las 287 resoluciones del 2018.

Nuevamente ese año, los ayuntamientos de la entidad poblana tuvieron más del doble de resolutivos en contra en comparación con el poder ejecutivo, al registrar 76 o un 26.48%.

De enero a octubre de 2019, el ITAIPUE emitió 267 resoluciones ante recursos de revisión por opacidad de las entidades gubernamentales ante solicitudes de información.

De dicho número, 17 fueron a favor de los sujetos obligados, mientras que apenas 32 fueron en contra de dependencias estatales o del poder ejecutivo, apenas un 11.99%.

En el mismo lapso de 2019, ITAIPUE generó 82 resolutivos en contra de ayuntamientos, ordenándoles  la entrega de información o un 30.71%, nuevamente más del doble que el poder ejecutivo.

Los vínculos

No sé podrá dar a conocer toda la información reservada de los gobiernos de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, afirmó la actual la presidenta del ITAIPUE, Laura Marcela Carcaño Ruiz, en septiembre de 2019.

“Nosotros somos el Instituto de Transparencia, estamos a favor (...). Todo se tiene que transparentar, lo que se puede entregar; porque hay información que por causales legales no se puede entregar”, declaró a la prensa como argumento.

Desde su designación en 2016, tanto Marcela Carcaño, como Gabriela Sierra, fueron duramente criticadas por organismos civiles especialistas en temas de transparencia, por sus vínculos al morenovallismo.

Carcaño Ruiz, actual comisionada del ITAIPUE, es esposa del Notario José Othón Carriles Hanan, uno de los principales financiadores de la campaña de Martha Erika Alonso Hidalgo, según versiones periodísticas.

Incluso se le acusó de haber obligado sus subordinados a asistir a los foros ciudadanos para Martha Erika Alonso, de la iniciativa “YoMEApunto” en la capital y en el interior del estado, sin importar las cargas de trabajo y que sea horario oficial.

Por su parte, Gabriela Sierra, quien ya ocupaba el cargo de comisionada del órgano de transparencia, aquel año fue electa por un periodo de seis años, por lo que concluirá su gestión hasta 2022.

Carcaño Ruiz fue designada para un periodo de cinco, por lo que terminará en 2021.

Gabriela Sierra, es esposa de Héctor Alcudia, exdirector del organismo descentralizado Puebla Comunicaciones en tiempos morenovallistas.

Incluso posaron gustosos a una fotografía en una fiesta de amigos —al parecer navideña—, con quien fuera encargado de la transparencia del gobierno, Javier Lozano Alarcón.

Luego de la designación, Rafael Hernández García Cano, titular del capítulo en Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), consideró clara la vinculación con el entonces gobierno de Moreno Valle.

Detalló que Gabriela Sierra, era cercana a Martha Erika Alonso, y quien demostró hasta entonces su desempeño como comisionada de la anterior Comisión de Acceso a la Información (CAIP) que no defiende el derecho a la apertura de información.

En tanto, refirió que Marcela Carcaño, fue directora de Análisis de Información de la Coordinación General de Delegaciones y Comisarías de la Secretaría de la Contraloría estatal.

Por su parte, la extitular de la Amedi-Puebla, Lilia Vélez, consideró que la conformación del instituto le otorgó entonces a Moreno Valle “garantía de opacidad”.

Incluso en 2016, más de 20 agrupaciones civiles estatales y nacionales firmaron un pronunciamiento en el que manifestaron su preocupación por el procedimiento que llevaba a cabo el Congreso para la conformación del órgano de transparencia.

En el escrito señalaron que el procedimiento que llevaba a cabo el Legislativo parecía más bien estar orientado a buscar la llegada de perfiles relacionados con el gobernador Moreno Valle.

Resoluciones

2017- 197

2018- 287

2019 (enero-octubre)-  267

A favor de sujeto obligado

2017- 33

2018- 39

2019- 17

Poder Ejecutivo resoluciones en contra

2017- 16

2018- 39

2019- 32

Ayuntamientos

2017- 38

2018- 76

2019- 82